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Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños
Khalil Gibrán
Dimes y diretes; un memorándum, disminuciones y hasta omisiones presupuestales, todas demostraciones de un poder autoritario que intimida y se enfrenta con legisladores y jueces en aras de la justicia y el combate a la corrupción; un poder que parece dispuesto a todo, menos a enfrentar la oportunidad que tiene en sus manos y que le dieron millones de personas: la de transformar sus vidas. Porque si de algo carecen los embates gubernamentales de los últimos meses, es de alternativas de solución frente a la terca realidad a la que no le basta que, desde hace ocho años, la Constitución establezca la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el principio del Interés Superior de la Niñez. Si infancia es destino, advirtamos desde ahora el país que seremos, pues según el Índice de los Derechos de la Niñez, 2018, “las niñas y los niños siguen siendo el grupo de población (analizados por edad), que padece las peores condiciones de pobreza y vulnerabilidad social en el país”.
Elaborado con base en la Medición Multidimensional de la Pobreza, 2016, que presentó en 2017 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el citado índice, elaborado por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, nos apercibe de las condiciones de la infancia en México, pues si bien cuatro de cada diez personas mayores de 18 años viven en situación de pobreza, las niñas, niños y adolescentes que subsisten en esa condición es el 51.1 por ciento: más de 20 millones.
Coincidiendo en la urgencia de un país más justo (ya que para algunos nuestra ley suprema no basta) la evidencia que nos muestra el índice es una lectura obligada para sensibilizar a los gobiernos federal, estatales y municipales, sobre las políticas públicas que deben implementar, pues su construcción se basa en los 20 derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niñas y Adolescentes, y sus indicadores están desagregados para las 32 entidades federativas.
El diagnóstico es demoledor y sí, la ley no basta. Se requiere una férrea voluntad política: “en México hay un incumplimiento generalizado de los derechos de la niñez mexicana”, pues a pesar de que durante la pasada administración una de las iniciativas preferentes fue la relativa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, su traducción en política pública no logró transversalizar la agenda de los derechos de la niñez mexicana en el entramado institucional y de políticas públicas de los tres órdenes del gobierno”. Por eso es incomprensible que el gobierno federal elimine programas como la colocación de implantes cocleares en menores; que la incapacidad e ignorancia de unos cuantos impida que se hayan licitado a tiempo las pruebas de tamiz neonatal; que desaparezca la CONADIS o los espacios de atención para pequeños con alguna discapacidad.
Es inadmisible cancelar programas como las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo que permiten a nuestros infantes estar seguros y aprendiendo, mientras sus madres trabajan para proveerles de mejor sustento. Es inaudita la desaparición de comedores comunitarios o la regresión de un sistema educativo que privilegia el interés político, sin reconocer el mérito y el esfuerzo de sus maestras y maestros, pilar de la educación pública mexicana.
El gobierno está obligado por la ley, aunque no le guste, a decirnos cuáles serán sus alternativas y si piensa que la niñez mexicana puede esperar. Las madres y padres, sabemos que ese futuro se construye hoy.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada
