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¿En qué momento el Estado mexicano cambió su naturaleza jurídica y la esencia de sus funciones? ¿Desde cuándo mediante un oficio, que es un acto administrativo del Poder Ejecutivo, se puede contraponer al presupuesto aprobado por el Congreso o peor aún, derogar el mandato constitucional de garantizar los derechos de las mujeres y de privilegiar el interés superior de la infancia?
Ayer en la Cámara de Diputados federal, entregamos por primera vez la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” a Ifigenia Martínez. Otra vez, el debate versó sobre la necesidad de reivindicación, de justicia, de reincorporación y de visibilidad de las mujeres, pero esta vez frente a una mayoría y un gobierno que apuestan sin rubores por el clientelismo, a costa de eliminar servicios e instituciones que garantizan en México los derechos femeninos.
Nacer mujer en el siglo de Sor Juana era sinónimo de vivir sin gozar de los derechos naturales que posee todo ser humano; nacer mujer en el siglo de Ifigenia Martínez, significaba vivir luchando por el reconocimiento de las ideas, de la capacidad de trabajar y aspirar a un salario igual, porque el talento y el esfuerzo es el mismo, pero la capacidad de mirarnos iguales no. Nacer mujer en este siglo XXI es no comprender cómo millones de mujeres están muy lejos de los sueños y logros de Sor Juana e Ifigenia y mirar con azoro cómo se desmantelan programas e instituciones de protección a nuestros derechos.
Hoy frente a la desaparición de estancias infantiles, la reducción del presupuesto a las escuelas de tiempo completo, la intención de desaparecer refugios para mujeres y sus familias víctimas de violencia, traduzcamos en acciones nuestra frustración y no nos resignemos.
El dolor de una mujer y sus hijos no sana con discursos, logotipos ni medallas; mucho menos con ocurrencias, sino respetando la ley y haciéndola valer. Hace falta recordarnos a quienes integramos la legislatura de la paridad, que presencia no significa conciencia y mucho menos obediencia ciega; que paridad no es igualdad y que es nuestro deber cuidar y hacer más grandes conquistas que como sociedad hemos logrado.
Es inadmisible que el partido que hoy tiene mayoría en el Congreso y detenta el Poder Ejecutivo, traduzca la confianza ciudadana en mecanismo de venganza política; que invente males donde no puede generar bienes y simule combates a la corrupción para justificar su visión clientelar. Los derechos, la dignidad de las personas, no son negociables.
Primero intentaron desaparecer las unidades de género en las diferentes dependencias de la administración pública federal; luego, disminuir el presupuesto en estancias infantiles y escuelas de tiempo completo; después, recortar el presupuesto de programas de salud dirigidos a mujeres o los recursos que permiten a los institutos estatales de la mujer, atender con asesorías jurídicas y psicológicas a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias, para hoy estar frente a la desaparición de estancias infantiles y albergues contra maltrato.
Exijamos al gobierno que cumpla con su responsabilidad de implementar políticas públicas que vayan al fondo de los problemas, porque repartir dinero no alcanza ni para pagar especialistas e instituciones de atención y menos para resolver los problemas de salud, de violencia o de oportunidades de estudio, que hoy persisten en todo el país y entre las mujeres en particular.
Las mujeres estamos a favor del combate eficaz de la corrupción, pero también estamos ciertas de que el gobierno no es una institución bancaria que deba repartir dinero. Se trata de reconocer nuestra capacidad de ser, de actuar y de pensar, como lo hacemos con mujeres de la talla de Sor Juana e Ifigenia: dos vidas de amor por el saber y de valor por el hacer.
Maestra en Derechos Humanos y diputada federal
