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Dice un admirado colega que cuando uno escucha, corre el riesgo de aprender y yo agregaría: de ganar-ganar. Es lo que puede ocurrir con la reforma educativa, si Morena y sus aliados en el Congreso mantienen los acuerdos de construcción, hasta ahora alcanzados con la oposición, que muchos nos propusimos ser.
Sí, hubo diálogo, tolerancia mutua y respeto, pero reconozcamos también que modificar la Constitución exige el voto favorable de dos terceras partes de los diputados presentes y que, alcanzar esta mayoría calificada, fue lo que obligó al gobierno federal y a su mayoría legislativa a atender las propuestas y planteamientos del bloque PRI, PAN, MC y PRD, que en febrero pasado presentamos una contrapropuesta para subsanar las omisiones y preocupaciones que generó la iniciativa presidencial.
El trayecto es largo y está plagado de riesgos: tras el análisis, modificación y, en su caso, aprobación del dictamen en comisiones, viene el procedimiento correspondiente en el pleno de San Lázaro, enseguida el Senado y, de no haber ajustes, en la mayoría de los congresos locales.
Nos ocupará después, la construcción y modificación de una legislación secundaria que haga valer lo expuesto en la Carta Magna y nos preocupa, desde ya, la promesa que hizo ayer el gobierno federal de construirlas de la mano de la CNTE… pero habrá que exigir lo más importante: estar listos para el inicio del próximo ciclo escolar y garantizar el interés superior de la niñez y la juventud, así como la certeza que merecen las maestras y maestros, pilar fundamental de nuestro sistema educativo.
Después, vuelta a la realidad. Lo prometido en la Constitución y las normas secundarias requiere presupuesto o serán solo buenos deseos como parece, a juzgar por el dictamen de impacto presupuestal presentado por el equipo del presidente López Obrador con más de tres meses de retraso y una peligrosa conclusión: “el PROYECTO no implica impacto presupuestario”.
Claro, dirán que la iniciativa del Ejecutivo solo incluía la obligatoriedad de la educación superior. Entonces, ¿cómo aspirar a una educación de calidad para la juventud mexicana, si la 4T no aumenta recursos a instituciones que desde hace años sobreviven con un déficit, por cierto, no resuelto en el Presupuesto 2019? Por más que insistimos, esta nueva reforma no incluye el compromiso explícito de asignarles mayor presupuesto.
Seamos serios. Entregar becas a los jóvenes es muy buena idea para impulsar su permanencia, pero NO sustituye la obligación del Estado de construir y equipar a las instituciones o de contratar los docentes que corresponden al incremento de matrícula.
Por otra parte, la versión oficial puede insistir, una y mil veces, que no habrá evaluaciones obligatorias o que implementará una nueva carrera magisterial de promoción.
Lo cierto es que decidieron mantener el control de la nómina magisterial a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), un régimen que permite a las secretarías de Hacienda y de Educación tener control y reporte sobre las nóminas educativas federales. Es plausible, porque evita la corrupción y la discrecionalidad que, antes de 2014, permitía el entregar directo el presupuesto a los estados, que no reportaban los docentes que tenían o el monto que recibían según sus funciones. Lo malo, es que para este año solo aumentaron 0.55% los recursos del FONE.
Actualmente, más del 60 por ciento del presupuesto federal se asigna a educación básica. ¿Cómo y de dónde financiarán la obligatoriedad de la media superior y superior? Y ni hablar de la educación inicial y la educación inclusiva que propusimos y aceptaron. La congruencia del gobierno federal en materia educativa se verá en el presupuesto del próximo año.
Diputada Federal del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
