Asumir la responsabilidad que corresponde no debería ser algo excepcional, pero en estas épocas de “errores” confesos o repartición de culpas, es un respiro el acuerdo de los gobiernos de la Ciudad de México y los estados de México e Hidalgo, para construir una iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para dar orden, calidad y certeza a los servicios que impactan la vida de los 22 millones habitantes del Valle de México.
Se trata de un mandato constitucional derivado de la Reforma Política de la Ciudad de México promulgada en 2016, que modificó el artículo 122 constitucional para facultar por primera vez al Poder Legislativo Federal a emitir una ley que establezca “mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos”.
¿Qué servicios? Todos aquellos que pueden llevarnos a tener ciudades más ordenadas, seguras y humanas: asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, así como seguridad pública.
Tras la aprobación de un Presupuesto de Egresos centralista y desdeñoso de los contrapesos del Poder Ejecutivo o de acciones como iniciar el reclutamiento para crear una Guardia Nacional sin que ésta haya sido avalada por el Legislativo, es de reconocerse la actitud federalista que asumió el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, quien explicó que el área a su cargo dará “acompañamiento solidario y respetuoso” a la elaboración de un documento único por parte de los equipos técnicos de cada entidad.
La iniciativa, comentó, será enviada para su aprobación (previo análisis y enriquecimiento, espero) a cada Congreso local y después como iniciativa conjunta al Congreso de la Unión.
La Zona Metropolitana del Valle de México es la más poblada del país, pero no es la única. Lo que ocurra con esta nueva ley sentará un precedente para el resto de las zonas metropolitanas que pasaron de ser 59 en 2010, a 74 en 2015, según la delimitación del Grupo Interinstitucional que integran la Sedatu, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
México requiere consolidar sus logros sin filias ni fobias y ojalá sin costosas curvas de aprendizaje: ahí está la creación de la Sedatu como cabeza de sector para guiar con orden y en el largo plazo el desarrollo urbano, o la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, construida y aprobada en el Congreso de forma plural, la pasada legislatura.
El buen funcionamiento de nuestras instituciones y el respeto a la ley pasa también por hacer valer el federalismo, considerando la diversidad de los gobiernos municipales y estatales, fortaleciendo sus capacidades e incluyendo su visión y conocimiento del territorio.
En el Estado de México será vital la coordinación para impulsar la ampliación del metro entre La Paz y Chalco, renovar el centro de transferencia de Indios Verdes, crear estrategias de seguridad en zonas limítrofes o desarrollar un programa metropolitano para el manejo integral de residuos, por mencionar algunos proyectos.
Es hora de poner fin a la falta de planeación, a la corrupción o a las omisiones de las que está plagado el desarrollo de nuestras ciudades. Bienvenida la apertura de las fronteras políticas a los acuerdos para encontrar soluciones y evaluar participaciones; la sociedad paga impuestos para que sus representantes entreguemos resultados, no pretextos.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada federal del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera