Que alguien me explique la lógica de los miembros de la autodenominada “Cuarta transformación”: sin asumir el poder, consultarán al pueblo sobre temas tan especializados como la construcción de un aeropuerto, pero solicitan a la actual administración —también sin facultades y de forma unilateral— “suspender” las convocatorias abiertas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que afectan a la comunidad académica, científica y tecnológica del país.
Reconozco la legitimidad que otorgan al nuevo gobierno más de 30 millones de votos, pero sus electores no le dieron un cheque en blanco. El respaldo popular es una gravísima responsabilidad y no otorga, por sí mismo, sabiduría u honestidad. Mucho menos es un permiso para la opacidad.
La noticia de esta semana nos llenó de asombro: María Elena Álvarez-Buylla Roces, destacada científica mexicana, integrante del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y posible futura directora general de ese organismo, solicitó al actual director general suspender “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.
La petición circuló en redes sociales y hace unos días, ella hizo pública una carta aclaratoria en la que se dice sorprendida por la filtración del documento y exhorta a Cabrero Mendoza a que “ordene una investigación interna para deslindar responsabilidades”.
¿Hay responsabilidades que deslindar?, ¿tenía la intención de que su inusual e ilegal petición permaneciera en la oscuridad? Es información pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, establece que “ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos o indirectos”.
En su aclaración, Álvarez-Buylla Roces advierte que la suspensión que pidió, de ninguna manera implica una cancelación y que solo quería asegurarse de contar con los recursos necesarios para impulsar programas institucionales.
El presupuesto para 2019 todavía no se aprueba, el equipo de transición puede y debe conocer la información necesaria para elaborarlo y gestionarlo, en lugar de intentar detener los fondos que asignó la administración anterior.
La idea de frenar esos fondos, basados en el presupuesto 2018, abona a la incertidumbre. ¿no quedará ni una coma como pretenden en el caso de la Reforma Educativa?
El equipo de AMLO debería saber que la investigación del sector requiere fideicomisos que permitan apoyos multianuales, muchos de los cuales se comparten con diferentes secretarías de Estado y se asignan a través de comisiones evaluadoras, cuyos integrantes y procedimientos, al igual que sus resultados, son públicos.
Es más que un asunto burocrático: alterar los calendarios para las becas del año próximo, dejaría desprotegidos a miles de jóvenes que se encuentran en el proceso de solicitud o arriesgaría el futuro de la investigación y de más de 200 jóvenes investigadores seleccionados en el programa Cátedras Conacyt, al detener su contratación.
Sí, la próxima administración tiene derecho a imprimir su visión; ojalá que no pretenda imponerla. Pero también tiene la obligación de trabajar bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, además de sujetarse a la normatividad, reglas y compromisos en el manejo de los recursos públicos.
Como sociedad, sabemos que la austeridad no es sinónimo de eficacia, eficiencia u honestidad y mucho menos puede ser el argumento de una parálisis gubernamental.
Diputada federal por el Estado de
México. @AnaLiliaHerrera
