Fuimos convocados luego del anuncio sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM): acudimos a Toluca, sin distinciones partidistas, autoridades federales y el gobernador; presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores, para conocer el impacto, los retos y beneficios que una obra de esa magnitud tendría en el Estado de México.
La reunión se prolongó varias horas. Al término se nos dio voz a los invitados. Viví 20 años en Ecatepec y sé lo que representa el gasto cotidiano en pasajes, tiempo y riesgo para trasladarse a la escuela o al trabajo; por eso encontré congruente que la entonces alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez, se congratulara por la noticia que, al fin, miraba a la región oriente del estado.
La actual senadora electa y designada ya coordinadora en el Estado de México por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, aquel día solo tuvo una intervención. Sus compañeros de izquierda enseguida le “enmendaron la plana” y se pronunciaron en contra. Congruentes en su papel de oposición, aunque ello significara argumentar ocurrencias o ignorar el interés de los más necesitados.
Morena y sus aliados interpretaron bien el hartazgo de la sociedad y fueron fieles a su único mensaje: los intereses económicos y de unos cuantos no pueden anteponerse a los de las mayorías. Absolutamente de acuerdo, aunque muchos en sus filas no puedan acreditarlo con hechos.
Por eso fue un error no seguir con estas reuniones. La participación y la transparencia cierran el paso a la corrupción, al oportunismo político y a las suspicacias y aunque los contratos del NAICM son públicos y están en Internet, pesaron más las intrigas que los hechos, las ocurrencias que los dictámenes técnicos.
Estoy a favor de la transparencia, del combate a la corrupción y creo en el fortalecimiento de las instituciones y las leyes para acabar con malas prácticas y ocurrencias, así que me declaro atónita frente a la noticia de que en octubre próximo el nuevo gobierno (que lo será hasta diciembre) realizará una “consulta o encuesta nacional” para recoger la opinión ciudadana y decidir si continúa con el nuevo aeropuerto o construye dos pistas en la base militar de Santa Lucía.
Se anuncia, aun cuando su equipo reconoce que para demostrar la viabilidad de Santa Lucía requiere un estudio de cinco meses y 200 millones de pesos: primero la consulta al pueblo y después la pertinencia técnica.
¿Si técnicamente la sede es adecuada, no deberíamos revisar con lupa que el proyecto sea impecable no solo en materia de legalidad y transparencia, sino que garantiza los beneficios sociales y ambientales que se nos dijo?
¿Permitiremos que se gobierne por decreto, ignorando la Constitución? Porque si el nuevo gobierno no lo sabe, el artículo 35 regula la Consulta Popular e involucra al Congreso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y precisa que la fecha para realizarla debe coincidir con una jornada electoral federal.
Ignorar la ley y la prisa generan razonadas sospechas. Seguir politizando la construcción del NAICM puede llevarnos como país a lo que dijo López Obrador en el Congreso de Morena: apostar por la alternancia para que todo termine en una farsa.
Y uso sus palabras para exigir que no menosprecie la sabiduría del pueblo, que escuche a mexiquenses que no tenemos ni defendemos intereses económicos en ese proyecto y que vemos una oportunidad de mejorar las condiciones de vida en una región donde la pobreza y la falta de oportunidades se traducen en niños y jóvenes que crecen en la calle, con padres ausentes porque salen a buscar el sustento y muchos de los cuales anhelan para sus hijos oportunidades de desarrollo por su mérito y esfuerzo, en lugar de recibir becas temporales como aprendices, por estar desempleados.
Senadora por el Estado de México
y diputada federal electa.
@AnaLiliaHerrera