Luego del temblor del pasado 19 de septiembre de 2017, la colonia del Mar, en Tláhuac, parecía víctima de un bombardeo: “las grietas que antes había en el suelo se marcaron más y los predios se asentaron”. La construcción que tenía María del Carmen Navarro, vecina del lugar, tuvo tantos daños que fue demolida.
Historias como la anterior, fueron investigadas por la asociación Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y publicadas en el documento denominado ¿Por qué se cayó mi edificio?
Gracias al trabajo del MCCI para conocer las verdaderas causas del derrumbe de diversos inmuebles hoy sabemos, por ejemplo, “que desde la década de los ochenta en Iztapalapa algo sucedía con el suelo, pero que hasta 2007 —cuando los socavones se hicieron más visibles y profundos— las autoridades se auxiliaron de investigadores de la UNAM, que identificaron fracturas en el subsuelo y advirtieron sobre la vulnerabilidad del área”.
A la llegada de nuevos delegados, como tantas veces en México, la investigación refiere la cancelación del presupuesto para el monitoreo de terrenos, de la colaboración científica y de cómo se siguió construyendo de forma desordenada: “los sismos de septiembre de 2017 desempolvaron las omisiones. También mostraron que el problema se extiende a Tláhuac y Xochimilco. Hoy por lo menos cinco mil casas tienen daños”.
La ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad, matan. Es una realidad que permea en los tres ámbitos de gobierno, no distingue ideologías y que todos estamos obligados a frenar.
La Ley General de Protección Civil considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos, sin definir las medidas para su reducción, y sin considerar la normatividad aplicable o que, simplemente, no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.
Y si al leer lo anterior sintió alivio, lamento decirle que es letra muerta, porque no está sancionado en la legislación penal federal. Es una norma inaplicable.
En lo local, a la fecha solo nueve estados de la República han tipificado algunos de los supuestos previstos en la Ley General de Protección Civil y apenas 165 de los 2 mil 457 municipios del país tienen un reglamento de construcción, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Ante la urgencia de incluir el delito en el Código Penal Federal, ayer presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa para imponer penas de 2 a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas, de acuerdo con el análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.
También contra quien, debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos sin contar con la misma e incluso, me pronuncié por privar del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otra responsabilidad, al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice construcciones o asentamientos irregulares.
Con medidas así, pondríamos “dientes” a la regulación que tenemos en materia de protección civil y tendríamos un elemento de control racional y homologado a favor del desarrollo territorial ordenado y la protección de las personas y su patrimonio.
Ojalá que en el Congreso la mayoría de Morena y todos los grupos parlamentarios, apostemos a solventar esta omisión. El Poder Legislativo puede y debe ser parte de la solución.
Diputada federal por el Estado
de México. @AnaLiliaHerrera
