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El rechazo del gobierno federal a la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el programa de Estancias Infantiles, confirma que su visión de la política social es, para usar sus propias palabras, aberrante, pero sobre todo autoritaria, sectaria e inhumana.
De acuerdo con el diccionario, aberrante es aquello que se aparta de lo natural, normal o lícito y un buen ejemplo es el oficio de respuesta que emitió la Secretaría de Bienestar, donde rechaza la recomendación del órgano autónomo, “por la sencilla razón de que no somos encubridores de actos de corrupción ni cómplices de quienes por el afán de lucro son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de niñas, niños y de sus familias”.
¿Y quién se los pidió?, ¿por qué, ante esas acusaciones el lopezobradorismo no ha mostrado un solo responsable o alguna prueba de sus dichos?, ¿habrán leído bien las recomendaciones de la CNDH o, mejor aún, los testimonios vertidos por las madres trabajadoras que eran beneficiarias del programa de estancias infantiles?
La polarización social es inadmisible desde el ejercicio de gobierno; no podemos permitir el autoritarismo que encasilla, etiqueta y que ahora –sin rubor y por oficio— justifica el cierre de un programa que trascendió sexenios e ideologías partidistas, argumentando que las quejas provienen de particulares, “la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”.
Conozco suficientes estancias infantiles como para desmentir semejante acusación y no milito en el PAN. Pero, si de verdad fueran personas con una militancia, ¿que la libertad no es otro derecho fundamental que el gobierno debe respetar y garantizar?
A través de un comunicado plagado de argucias, adjetivos para descalificar el pasado y una absoluta falta de sensibilidad y conocimiento de la realidad, AMLO y sus funcionarios olvidaron echar un vistazo a la realidad de mujeres cuyos testimonios constan en la misma recomendación que firmó el Ombudsman: El de una madre soltera –o jefa de hogar como lo son una de cada tres mujeres en México— que explicó la necesidad, no solo del apoyo económico, sino de lo que aprende su hijo en la estancia: “Le ha beneficiado mucho en su desarrollo. Eso no lo podría haber aprendido conmigo. Yo estoy estudiando la preparatoria, y me tuve que salir para trabajar. Mi mamá trabaja en una cocina donde hay muchos riesgos para él, yo laboro en una pescadería, donde tengo cuchillos a la mano. Si sigue esta situación, voy a tener que dejar mi empleo y no tendré ningún ingreso”.
Lo aberrante es la incapacidad de autocrítica y la victimización de la autoridad frente a las recomendaciones de la CNDH; lo grave es la visión social de un gobierno que se limita a las transferencias monetarias y evade la supervisión, el acompañamiento y la responsabilidad que implica un menor de edad.
Están enviando a los becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro a “trabajar” en las estancias sobrevivientes. Así: sin capacitación, experiencia o certificación, como relata una de las responsables: “me mandaron a cinco jóvenes, los inscribí en la plataforma; cuatro no se presentaron y la que sí, duró una semana…”
El saldo es demoledor: recorte presupuestal del 50%; menores sin garantías de atención y cuidados en un lugar seguro, con una sana alimentación y recreación en un entorno social; madres trabajadoras sin censar o a las que les han negado el registro y responsables y trabajadoras de estancias infantiles agraviadas al ser tachadas de corruptas y despojadas de la oportunidad de tener trabajo y desarrollo personal. Lo aberrante es destruir programas e instituciones para justificar lavarse las manos frente a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar derechos, no clientelas.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México
