Es obligación de cualquier gobierno escuchar a la sociedad: tanto la que verá impactada su realidad con una decisión, como a los sectores especializados, porque ejercer el poder no puede ser producto de la ocurrencia, el capricho o las buenas intenciones sin sustento.
Hoy, frente al riesgo de que el autoritarismo se disfrace de democracia e interés popular, vale advertir que gobernar es más que escuchar: es sujetarse a la ley y entender que las decisiones que se toman no se definen por la temporalidad del cargo que uno ostenta, sino por la permanencia y la utilidad de las obras en el largo plazo, por su beneficio social.
Gobernar exige respeto por la dignidad de las personas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, como prometió en campaña el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien todavía no asume el poder y ya decidió hacer una consulta sin asidero legal o argumentos técnicos, tal vez porque quiere hacerlo antes de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Una consulta que, con argumentos democráticos, pareciera hecha para justificar una decisión ya tomada o para simplemente deslindarse de esa responsabilidad y trasladarla al pueblo. ¿Más de 30 millones de votos no le dan la facultad para decidir si se cancela la obra, si continúa o si de plano se concesiona como ya lo dejó entrever?
Conscientes de que la próxima administración federal aún no tiene facultades y del claro sesgo de la consulta prevista para que el pueblo decida si se termina la construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco o se reacondicionan el actual aeropuerto de la CDMX y el de Toluca, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió transparencia a los organizadores de la “consulta” que se realizará del 25 al 28 de octubre.
No mentirle al pueblo pasa por difundir estudios de factibilidad técnica, ambiental e hidráulica, así como las institiuciones que lo avalan y no por difundir con la rúbrica de un partido como Morena, infografías, panfletos o pseudoestudios a favor de alguna opción.
Ayer en San Lázaro exigimos aclarar la metodología para definir la muestra, pues la “consulta” se realizará durante cuatro días solo en 573 municipios, ubicados en su mayoría en Chiapas, Tabasco y el Estado de México. ¿Quieren coartar el derecho de otros ciudadanos?, ¿la transformación que viene, creará ciudadanos de cuarta?, ¿quién vigilará las urnas?, ¿quiénes serán los escrutadores?, ¿qué garantías hay de imparcialidad?
¿Acaso la decisión está tomada y como ya hizo la mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco, pretenden cambiar las leyes para evitar licitaciones, volver a la opacidad y realizar asignaciones directas? Eso sería robar al pueblo: asignando de forma discrecional el dinero público.
¿Traicionará Morena al pueblo, utilizando con fines electoreros los datos personales de quienes vayan a votar en la multicitada consulta? Para evitarlo, ayer también exigimos a los organizadores hacer públicos los mecanismos para cumplir con la obligación de la protección de sus datos personales y pedimos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, vigilar que se cumpla a cabalidad la legislación en la materia.
Todos estamos a favor de escuchar a la sociedad, pero también a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. El pueblo merece ser escuchado, pero también proyectos integrales, sustentables y con visión de largo plazo.
Cualquiera que sea el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, la próxima administración está obligada a regirse por la ley y bajo el principio de máxima publicidad. El autoritarismo no puede disfrazarse de interés popular.
Diputada federal por el Estado de México