Escribo este texto en medio de una huelga que mantiene paralizada a una de las universidades más emblemáticas del país, la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde que inició el conflicto laboral, me he preguntado ¿qué se hizo o se dejó de hacer para llegar a esta situación? Conforme pasan los días las respuestas se van acumulando. Hoy me centraré en una: la participación de los académicos en la vida universitaria, misma que pasa por la actividad sindical. Aunque me baso en la experiencia de la UAM, la situación podría ser similar en otras instituciones de educación superior.
Son tres sucesos los que podrían explicar el debilitamiento de la participación política de los académicos en las universidades públicas: 1) La pérdida del valor adquisitivo del salario de los profesores, como consecuencia de la crisis económica de la década de 1980; 2) la puesta en marcha del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como medida compensatoria a la pérdida salarial, en 1984 y; 3) la implementación de programas institucionales de estímulos a la productividad académica que en la UAM se intensifica al finalizar los 80. ¿Cómo estos hechos transformaron la participación académica?
La lógica de la productividad que caracteriza el diseño de políticas como el SNI o los programas de estímulo se sustenta en un paradigma de racionalidad económica. Sin demeritar los aportes que éstas han logrado para el desarrollo de la investigación, el valor que adquiere un sector de los académicos en las universidades públicas mexicanas se determina por el número de artículos publicados, y lo que ello significa en términos de ingreso económico y prestigio. Esta lógica contraviene los principios que pueden motivar una participación organizada y colectiva; el costo de oportunidad de participar políticamente en la vida universitaria es la reducción de la productividad y, en consecuencia, de los ingresos.
Ejemplifico. Según el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), los puntos que se otorgan por publicar un libro científico a un profesor-investigador en la UAM oscilan entre 2,200 y 6,000; por un artículo especializado de investigación, entre 880 y 3,300. En contraparte, ser miembro de un órgano colegiado, como el Consejo Académico o el Divisional, concebidos como espacios formales para la toma de decisiones, equivale a 110 puntos.
Así, en las últimas tres décadas, la organización de la vida académica se ha sustentado, prácticamente, en el fortalecimiento de la productividad, desplazando con ello, las discusiones sobre nuestro proyecto universitario. En este escenario, no es de extrañar que un sindicato conformado en su mayoría por personal administrativo paralice a toda una institución. ¿En dónde estábamos los profesores?, quizá escribiendo artículos y libros.
Pese a ello, no son tiempos de lamentaciones y sí de reflexiones serias y argumentadas. Hoy nos toca asumir la responsabilidad como actores de una comunidad universitaria. Quizá el punto de partida sea cuestionar y replantear la lógica de la política modernizadora para la educación superior. Con diez universidades en crisis, una cobertura insuficiente, una autonomía vulnerada, un modelo de financiamiento agotado, una producción científica cuya calidad puede cuestionarse, así como diversos casos de corrupción que enojan, tendríamos que plantear su rediseño.
Muchos abogamos por una universidad abierta, pero esta exigencia no tendrá sentido si no replanteamos nuestro papel en la universidad y la construcción de un proyecto que atienda las necesidades de miles de jóvenes, que asuma el reto de su formación en un contexto de profundas desigualdades y contribuya al fortalecimiento de la educación superior como bien público social y como derecho humano y universal.
Profesora investigadora UAM Xochimilco
