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Iguala, la tercera ciudad en importancia del estado de Guerrero, se convirtió en un narco-municipio, bajo el imperio de los Abarca y la inacción del gobierno de Ángel Heladio Aguirre; en algunas ciudades medias de otros estados, quienes mandan son los criminales. Aunque México no es, aún, un narco-Estado, sí es un Estado sometido, vencido por la delincuencia, con tintes de Estado fallido.
El monopolio de la violencia ha sido expropiado por miles de criminales que, en algunos casos —como ocurre con la ordeña de ductos de Pemex o con el asalto a transportes en las carreteras o a trenes en las vías férreas—, cuentan con la protección de las comunidades donde operan, porque todos sacan raja y porque saben que en nuestro país el crimen no tiene castigo.
La descomposición del país va en aumento y las autoridades de todo orden aparecen pasmadas. La mancha delincuencial avanza imparable; en regiones que fueron apacibles, como Baja California Sur, hoy se multiplican los crímenes (apenas hace unos días fueron asesinados el ómbudsman Silvestre de la Toba y su hijo); la disputa por el control de las plazas se da “a sangre y fuego”.
En unos casos, los gobernadores se extraviaron en un entorno de banalidad y lambisconería, y los enormes recursos asignados para el rubro “seguridad pública” se extraviaron por la corrupción. ¿Cuántos gobernadores cuidaron, con rigor, los perfiles y las trayectorias de sus mandos en la Secretaría de Gobierno, en la de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia (o Fiscalía)?
Pero en otros casos, como ocurrió en Tamaulipas y Coahuila, los gobernantes construyeron redes de protección para las bandas criminales. En Nayarit, como está documentado, el mismo fiscal general, Edgar Veytia, encabezaba una estructura criminal.
¿Cómo van a pagar los gobernadores, los de hoy y los de ayer, por la descomposición social que, por acción u omisión, propiciaron en sus entidades?, ¿cuál será su castigo por los miles de asesinados y desaparecidos?, ¿por los secuestrados y extorsionados?
Las cifras más recientes del Observatorio Ciudadano (Reporte sobre delitos de alto impacto) dan cuenta de la gravedad de los hechos: contrastando los primeros nueve meses de este año contra igual periodo de 2016: el incremento en homicidios dolosos es de 21.96%, de 14.36% en extorsiones, de 36.10% de robo con violencia, de 33.31% de robo a negocios... Sólo en secuestro se mantienen prácticamente las mismas cifras. El gobierno federal se tiene que tragar las palabras con las que reprobó al gobierno que lo antecedió, porque hoy las cosas están peor.
Lo más indignante es que hay indicios de que este gobierno ya se rindió, que está en otra cosa. La preocupación de los que se van hoy es otra, ya no intentarán dar un “golpe de timón” para enderezar las cosas, porque esta guerra ya se perdió: el “México en paz” resultó otra promesa fallida, lo que les resta es hacer lo que sea para retener la Presidencia.
El miedo es su mayor ingrediente para ir con todo para conservar el poder, porque presienten que perder la Presidencia implicará correr la suerte de ese puñado de ex gobernadores que hoy están en la cárcel o andan huyendo. Lo que se anticipa, si pierden las elecciones, es la persecución, porque la sociedad exige el fin de la impunidad.
Posdata. El caso de Adolfo Lagos, vicepresidente de Televisa, remacha nuestra dura realidad. Por una parte, que nadie puede sentirse seguro. Salir a ejercitarse resguardado por dos escoltas en camioneta blindada no evita sufrir un asalto y morir por las balas de uno de los hombres asignados a su protección. Por la otra, que en este caso no habrá impunidad. El despliegue de recursos humanos y técnicos, de investigadores y peritos asignados a la investigación, anticipa que darán con los asaltantes porque, lo que es indignante, en este país no todas las víctimas son iguales. No pretendo, de manera alguna, reprobar que en este caso se castigue a los delincuentes, sino señalar el hecho de que en casos como los de Javier Valdez, Miroslava Breach y más de treinta periodistas asesinados en esta administración, y muchos más mexicanos ordinarios, nunca habrá justicia.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
