El domingo por la noche terminó el suspenso, una tensión que mantuvo en vilo a los mercados y a millones de mexicanos. El pueblo o una parte minúscula de él —apenas 747 mil, menos de 1 por ciento de la lista nominal— habló y decidió en un sentido contrario al que indicaban las encuestas en las que ganaba la opción Texcoco. Una consulta mal hecha sirvió para simular que no sería decisión de un hombre sino de la sociedad mexicana.
Los empresarios más poderosos se pronunciaron por continuar las obras del nuevo aeropuerto, lo mismo que instancias técnicas de reconocido prestigio internacional. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, lo advirtió dos días antes de iniciar la consulta: “Los ojos del mundo están puestos en México. México no puede fallar; pondría en riesgo su prestigio como plataforma de inversión”. Citibanamex también previno: si se cancelan las obras en Texcoco “se intensificará la percepción en los mercados de que la administración AMLO tomará decisiones públicas de forma discrecional y populista: la inversión privada enfrentaría un ambiente económico y legal más incierto hacia el futuro”.
El lunes por la mañana, en la sesión con los reporteros, López Obrador reveló la verdadera clave de su decisión: había que mostrar a los inversionistas y a las calificadoras quién manda en el país; reiterarle a los grandes empresarios que el próximo presidente no será pieza de ornato, a su servicio, y que se rompe la vieja simbiosis poder político-poder económico que tan toscamente mostró la administración de Peña Nieto.
Sin embargo, surgen muchas dudas: si había grandes negocios ilícitos en torno al NAICM, una vez en el gobierno López Obrador pudo frustrarlos. Pero convertir en desechos miles de millones de pesos de una obra que llevaba avances significativos, ¿a qué racionalidad responde?
A los déficit de un supuesto sistema aeroportuario Santa Lucía-Toluca-Ciudad de México se suman otros datos que inquietan a los inversionistas, como las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública que propone adscribir los órganos autónomos del sector energético a la secretaría del ramo (idea, al parecer, desechada), o la designación en puestos clave de funcionarios que generan reservas… o la ocurrencia de ya no exportar petróleo.
¿Cómo reaccionarán quienes se asumen como “dueños de México”? Algunos piensan que los grandes empresarios, después de ejercer su derecho al pataleo, se van a “arreglar” con el nuevo gobierno; lo harán, dicen, porque casi todos tienen contratos multimillonarios o concesiones con la administración pública federal. Otros, quizá los más, se callarán la boca por temor a ser objeto de revisiones del SAT u otras agencias gubernamentales... Tal vez.
Pero la historia ofrece lecciones claras. Cuando los hombres del dinero se enojan con el gobierno suelen seguir tres pasos: primero, frenan sus inversiones, detienen sus proyectos; segundo, sacan sus capitales y, en el extremo, el último paso: despliegan sus recursos para intentar doblegar al gobierno.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, precisó: “la decisión envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas y a todos los ciudadanos, al incumplir compromisos del Estado mexicano y quebrar el marco jurídico vigente”. Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, soltó un discurso inusualmente duro: López Obrador no cumple su palabra; una consulta amañada es una traición a la democracia y el despilfarro de recursos públicos invertidos es un robo al patrimonio de todos.
No parece haber duda de que lo que viene es un distanciamiento y, quizás, una confrontación. Lo que resta por ver es si esta será una pugna abierta o una guerra de baja intensidad. Podría ser una réplica del enfrentamiento del presidente Luis Echeverría con los grandes empresarios de Monterrey, aunque con tres diferencias mayores: 1) que la disputa no tendría lugar en el segundo tramo del sexenio, sino aún antes de arrancar; 2) que el nuevo gobierno no se enfrentaría sólo a los regios, sino a todas las organizaciones cupulares de la iniciativa privada y 3) la irrupción de mercados financieros y las calificadoras, que va a jugar en serio.
Las aguas podrán volver muy pronto a su nivel, como imagina Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia. Pero también podría ocurrir lo contrario: que se desate una lucha sin cuartel entre el poder político y el económico. Ante este escenario, López Obrador podrá responder con dureza, como lo hizo ante el intento del desafuero: llamando a sus bases a defenderlo ante “una minoría rapaz”. Si esto ocurriera, “el error de octubre” sería mucho más que el despilfarro irracional de recursos públicos: habría desatado a los demonios.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
