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La semana pasada, desde el vértice del poder, se dieron tres hechos que lastiman nuestra precaria democracia. El primero ocurrió el lunes 15: “El otro día —dijo el Presidente— vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo, con todo respeto, discrepo. Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas; son prudentes porque aquí lo están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede. Pero no soy yo, sino la gente”.
El mensaje fue claro: la prudencia entendida como reverencia ante el poder presidencial, y una amenaza encubierta a los que se pasan; lo que es especialmente grave en un país en el que ejercer un periodismo crítico equivale a jugarse la vida o perderla.
El segundo hecho, insólito, se dio al día siguiente, el martes 16 de abril, en un memorándum en el que el titular del Ejecutivo le ordena a tres miembros de su gabinete —la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los secretarios de Educación, Esteban Moctezuma, y de Hacienda, Carlos Urzúa— “dejar sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa” y ordena garantizar la contratación de maestros egresados de las normales públicas y reinstalar a quienes fueron cesados “por la aplicación de las evaluaciones punitivas”.
El tercer momento perturbador se dio cuando al cierre de su conferencia ante medios del miércoles 17 sentenció: “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”.
Las leyes deben responder a un anhelo de justicia, sin embargo postular la desobediencia a una ley injusta porta enormes riesgos para un frágil Estado de Derecho. ¿La justicia según quién? Los profesores de la CNTE consideran justo dejar a los niños sin clases, cancelando la alternativa más digna que tienen para salir de la pobreza (una educación pública de calidad), porque “peleando el profesor está enseñando”. ¿Se justifica que pretextando causas sociales, grupos de activistas —como los del SITUAM—, tomen las casetas de cuota y establezcan una cuota “voluntaria” de 50 pesos por vehículo ante la omisión de las autoridades?
Y en un sentido contrario: ¿qué respuesta gubernamental se dará a los opositores al proyecto del Tren Maya? ¿Argumentarán que aunque es ilegal arrancar semejante proyecto sin estudios sobre el impacto ambiental, sin consulta a las comunidades y sin el plan maestro, es justo porque la Madre Tierra “les dio permiso” (mediante unos tragos de aguardiente, una gallina y unas tortillas), en una ceremonia que suplanta lo que ordena la ley?
Ante estos hechos preocupantes, resulta igualmente delicado el silencio de actores políticos, económicos y sociales, que deberían advertirle al Presidente que protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que emanan de ella. El Presidente está echándose otra pulsada con los poderes (institucionales y fácticos), porque en el fondo se trata de reafirmar quién manda aquí, como lo hizo al cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Luis Raúl González, emitió un pronunciamiento en el que, de manera inequívoca establece: “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar” y llama al Poder Ejecutivo Federal a que “rectifique las instrucciones que ha girado y considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”. Por otra parte, la Barra Mexicana de Abogados y distinguidos juristas han subrayado la inconstitucionalidad del memorándum, pero parece que nada de esto le importa al Presidente.
Antes que se concrete la utopía —“el reino de los justos”—, este gobierno debería intentar algo más simple: hacer cumplir la ley. Más allá de alegatos retóricos sobre el cochinero que le dejaron, investigar a los miembros de esa cleptocracia que permanecen intocados y si se encuentran sólidas evidencias de sus malos manejos, someterlos a proceso y restituir lo robado a las arcas públicas. Más que admoniciones, aplicación de la ley. ¿Es mucho pedir?
Presidente de GCI. @alfonsozarate
