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Los datos fríos revelan una realidad caliente, perturbadora: en muchas regiones del país la gente vive con miedo y la promesa del presidente Enrique Peña de un México en paz ha resultado, como tantas otras, fallida.
Lo que ocurría en la Iguala de los Abarca ante el silencio cómplice de las autoridades: un narco-municipio, se replica en otras poblaciones del estado de Guerrero y en Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Chihuahua...
Los homicidios dolosos alcanzan cifras espeluznantes. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el acumulado a septiembre es de 18 mil 505. Al parecer, este año será el más violento del México moderno. El robo de ductos de Pemex sigue imparable, más de 20 mil millones de pesos se pierden anualmente como consecuencia de este delito y el equipo de alta tecnología adquirido a precios millonarios (como los drones) se encuentra arrumbado y no hay responsables. ¿De verdad no hay forma de que a lo largo de más de quince años la inteligencia policial haya podido identificar y desarticular las redes criminales dentro y fuera de Pemex?
En los últimos años se han disparado los asaltos a transportes en carreteras y a los trenes en las vías férreas, por lo que cabe hacerse parecidas preguntas: ¿qué impide que las instancias federales frenen a las bandas del crimen organizado que saquean los productos y los hacen llegar con sorprendente rapidez a distintos centros de distribución? ¿Quiénes, desde distintos niveles de autoridad, están solapando estos robos?
Vuelven a dispararse los secuestros y las extorsiones. Sesenta y seis penales están en manos de delincuentes que extorsionan a otros reos, asesinan y desaparecen a sus rivales. El “autogobierno” exhibe el fracaso del sistema penitenciario.
Las procuradurías generales de justicia están infestadas de corruptos, criminales e ineptos: el armado deficiente de las carpetas de investigación tiene como objetivo propiciar la impunidad, lo que se favorece por la presencia de jueces deshonestos.
El crimen ha trastocado los hábitos comunitarios. Muchos mexicanos han dejado de salir a caminar de noche por el temor a ser asaltados. Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, 76% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro.
La clave de este desorden reside en la persistencia de dos fenómenos: corrupción e impunidad. Los delincuentes saben que las posibilidades de ser detenidos son minúsculas y que, aún en ese caso, pueden comprar a los policías o a los fiscales o a los jueces. Vale la pena la apuesta.
Ante un desafío de tal magnitud, el gobierno juega al Tío Lolo. La mayoría de los gobernadores —en cuya cancha se ubica el mayor número de delitos, los del fuero común— simulan combatir a la delincuencia, mientras se dedican a enriquecerse. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, que dispone de instrumentos para moverlos o frenarlos, duerme en sus laureles.
Al nivel federal son una constante los “palos de ciego”. Dos botones de muestra: en los cinco años del actual gobierno, la Comisión Nacional de Seguridad ha tenido tres titulares: el doctor Manuel Mondragón, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales, mientras que al frente de la PGR suman cuatro: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y, por ahora, Alberto Elías Beltrán. No es muy distinta la experiencia de años atrás. Cada catorce meses, en promedio, se da un volver a empezar: nombrar a nuevos funcionarios, aprender, experimentar. Por eso, el expediente Odebrecht —dizque concluido, según informó Cervantes al momento de su renuncia— tiene que revisarse de nuevo. El propósito de tantos cambios es darle a los asuntos tantas largas como sea posible; por eso Emilio Lozoya, quien ejerció una dirección frívola y perniciosa en Pemex, permanece impune.
En este escenario convulso, las Fuerzas Armadas están en la línea de fuego y en una situación incómoda. No ha habido forma de que el Poder Legislativo haga lo que le toca: la Ley de Seguridad Interior sigue pendiente; tampoco se ha dictaminado la iniciativa del Mando Único o Mixto. ¿A qué le juegan los legisladores?
La promesa de “un México en paz” está arrumbada. Se acaba el sexenio y no hay forma de modificar la conclusión: el fracaso rotundo de este gobierno en el tema que más lastima a la sociedad. Van a heredar un país descompuesto y parece no importarles.
Presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario. @alfonsozarate
