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Desde tiempos lejanos, la corrupción ha sido uno de nuestros males mayores, sin embargo, hay sexenios en los que se rebasa todo límite. El de Peña Nieto es uno de esos. La corrupción ha empobrecido al país y ha degradado la moral pública.
Para no irnos muy lejos, basta preguntar: ¿de qué tamaño habrán sido los moches detrás del adelgazamiento del Estado que inició en el gobierno de Miguel de la Madrid y alcanzó su clímax en el de Salinas de Gortari con la privatización de casi un millar de empresas públicas?, ¿a cuántos “salpicó” el tránsito del Estado interventor al Estado mínimo?
La impunidad incentivaba esta perversión, las “camaladas” de millonarios sexenales, de los que hablaba Emilio Portes Gil, se iban sin miedo porque sabían que la sucesión presidencial en clave priista garantizaba su protección. Tapaos los unos a los otros y, para el populacho, pan y circo: el encarcelamiento de un personaje, no por corrupto, sino porque se había equivocado en la carrera por la Presidencial (generalmente, porque le habían apostado al perdedor) y resultaban un cordero pascual como Jorge Díaz Serrano, Eugenio Méndez Docurro o Raúl Salinas de Gortari.
Pero en el año 2000 llegó la alternancia y con ella la promesa de un gobierno honesto, que se frustró con “la pareja presidencial”. Vicente Fox —quien como candidato fanfarroneaba: “meteré a este pelón a la cárcel” al tiempo que agitaba un muñeco de vinil con la apariencia del “villano favorito”— muy pronto enseñó el charol. Los peces gordos que anunció el secretario de la Función Pública, Pancho Barrio, no llegaron ni a charales. Los neopanistas justificaron la protección a la anterior clase gobernante aduciendo motivos de gobernabilidad, nadie entró a la cárcel.
La decepción con la alternancia pavimentó el regreso del PRI a Los Pinos, no cualquier PRI, sino el de Atlacomulco que perfiló el maestro Hank González: cuidadoso en las formas, pero sucio en el ejercicio del poder.
Contra todo eso se votó el primero de julio pasado, el “voto de castigo” derrotó al “voto duro”. Pero hoy, López Obrador proclama el perdón. “No es mi fuerte la venganza”, dice, pero confunde la justicia con la venganza. Por eso en los foros que se organizaron en la materia, el grueso de las víctimas repudió su fórmula de “perdón y olvido”. ¿Perdón a quienes han asesinado, secuestrado, desaparecido, extorsionado a sus hijos, hermanos y padres?
Ahora que el Presidente electo insiste en dejar impunes a quienes han saqueado la hacienda pública, la sociedad pregunta con asombro: ¿protección para los mayores ladrones? ¿Replicará el gobierno de López Obrador la protección que hoy la PGR le garantiza a quienes desviaron miles de millones de pesos con La Estafa Maestra, los sobornos de Odebrecht, las concesiones al grupo Higa, OHL y otros más?
Al asumir el cargo, el presidente protesta “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Hay instituciones cuya razón de ser es investigar y perseguir los delitos. Por eso es decepcionante escuchar al Presidente electo decir que no habrá justicia, aunque ya introdujo otro ingrediente para explicar por qué pretende el perdón: “Si somos honestos —dijo en Tercer Grado— tendríamos que empezar por los de arriba, de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación”. Días más tarde lo dejó más claro en su diálogo con Carmen Aristegui: “…sería conspirar en contra de la estabilidad política del país. Desatamos…” y no concluyó la frase: ¿los demonios, quizás?, ¿eso iba a decir?
Hay varias maneras de garantizar la impunidad de los criminales: la primera, simulando, como lo ha hecho la PGR, dejando que las denuncias duerman el sueño de los justos; la segunda, desestimando las evidencias inculpatorias, armando deficientes carpetas y favoreciendo resoluciones absolutorias; una tercera es la decisión de perdonar por razón de Estado. ¿Impunidad desde el poder? Mala señal. ¿30 millones de votos autorizan semejante desmesura?
Algunos de los crímenes más horrendos que ha conocido la humanidad se han cometido en nombre de la razón de Estado. Sin embargo, ya apareció un intento de rectificación: el 21 de marzo, ya con la Constitución reformada, habrá una nueva consulta que incluirá la pregunta de si queremos que se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Aunque López Obrador argumentará en contra, el resultado puede ser su primera gran derrota.
¿Perdón y olvido? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿No son esas las fórmulas de la impunidad?
Presidente de GCI. @alfonsozarate
