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Si fuera gobernante, no perdería el tiempo en decir
lo que iba a hacer, lo haría o me callaría.
Juan Jacobo Rousseau
Nadie se chupa el dedo. La producción del documental El populismo en América Latina, así como su timing político, la manera en que anunciaba la serie en autobuses urbanos, los carteles espectaculares para promoverla, etc., formaron parte de una estrategia diseñada y financiada desde núcleos de poder económico para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido resultaron una secuela de la campaña negra de 2006: aquella que lo ubicaba como “un peligro para México”, sólo que ahora fracasó; la magnitud de la protesta social, del hartazgo ante la rapacidad y la ineptitud del grupo gobernante, pavimentó el triunfo aplastante de Morena.
Las caricaturas que se exhibieron en los cines, tuits y otros medios desplegados en las redes sociales también formaron parte de esa ofensiva financiada por poderosos hombres de negocios y organismos empresariales y, como se sabe, muchos columnistas y consultores respondieron a esa “línea” que iba acompañada de millonarios contratos.
Pero López Obrador no fue el único objeto de esa acometida, en el proceso electoral de 2017-2018 muchas acciones se desplegaron desde el poder para frenar al candidato del PAN, Ricardo Anaya. La PGR fue el instrumento de una persecución feroz, por eso resulta inadmisible hablar de Peña Nieto como de un demócrata que jugó limpio en las elecciones.
Sería inadmisible la idea de censurar o amonestar la libertad de expresión, pero no hay forma de ignorar que muchas de estas conductas rebasaron los límites de las estrategias de contrastación que se proponen subrayar las debilidades de los adversarios y que excedieron la natural rispidez de toda contienda electoral, para constituir transgresiones a la Constitución y a las leyes que deben sancionarse como fórmula para inhibir tales prácticas en el futuro.
Desde su creación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ha tenido un desempeño frustrante. Su pasividad ante bruscos y sospechosos movimientos de capitales, ha dejado un olor a complicidad. Hoy siguen pendientes casos de enorme importancia como Odebrecht y la Estafa Maestra, e intocadas empresas como OHL e Higa y sujetos como Gerardo Ruiz Esparza, Rosario Robles, Emilio Lozoya y el jefe de todos ellos, Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto —el ex titular de Fepade, despedido de fea manera por Elías Beltrán, encargado de la PGR—, se ha convertido en el mensajero; a él le corresponde armar las piezas sueltas de conductas presuntamente ilícitas que deberá investigar la Fepade, hoy a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti.
El pasado 15 de marzo, Nieto hizo revelaciones que parecen anticipar que más temprano que tarde se sancionarán esas conductas, aunque esto no queda claro, hasta ahora todo se agota en advertencias y condenas morales.
En los primeros días de su gobierno, Salinas de Gortari metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, a Salvador Barragán Camacho y a todo el grupo directivo del poderoso sindicato petrolero, para compensar, también encarceló al empresario Eduardo Legorreta Chauvet, hermano del entonces presidente del CCE y a Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo mayor del cártel de Guadalajara. Pero Salinas prefirió actuar que amenazar, aunque la designación de Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, debió ser leída como un mensaje intimidatorio.
Entre tanto parece que la lógica es solo amedrentar, Maquiavelo la reprobaría (“…porque no debe perderse de vista que es indispensable ganar a los hombres o deshacerse de ellos. Si se les causa una ofensa ligera, podrán vengarla; pero aniquilándolos, quedan imposibilitados de tomar venganza”, escribió en El Príncipe). Lo único que generan las advertencias son respuestas que podrán ser del tamaño del miedo.
Aunque se dice que no hay poder por encima del poder del Estado, los hombres más ricos no están mancos y tienen poderosos medios para defenderse y responder, baste recordar que aunque López Portillo les expropió la banca, al final lo doblaron: le impusieron sucesor (Miguel de la Madrid) y más tarde obligaron al gobierno a reprivatizar la banca, hoy esencialmente en manos extranjeras.
La tensión que se ha mostrado en la relación gobierno-grandes empresarios, es apenas un indicio de una lucha soterrada para definir quién manda, muchos de los señalados han recibido el mensaje y, seguramente, han dejado de dormir tranquilos, pero el insomnio no es un buen consejero.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
