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¿Qué pudo haber llevado a Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho del procurador general de la República, a decretar la remoción del fiscal responsable de investigar y perseguir los delitos electorales, Santiago Nieto? Quizás las investigaciones de la Fepade sobre presuntos desvíos de dinero público o privado hacia el PRI y sus campañas electorales. Tampoco podría descartarse que se trate de una medida precautoria ante investigaciones que vendrían, como las reveladas por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, la llamada Estafa Maestra que da seguimiento a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación.
Una decisión de ese tamaño tuvo que ser sopesada jurídicamente, pero también en sus implicaciones políticas y sociales. Resulta increíble que un encargado de despacho hubiera actuado sin consulta con su superior, el presidente de la República, sobre todo, en pleno proceso electoral.
También sorprende el apresuramiento y omisión de pasos previos al despido que reclamaba el procesamiento dentro de la PGR de esa conducta presumiblemente errónea.
En todo caso, su remoción sacude el avispero político y vuelve a ubicar en el foco de atención pública a la Procuraduría General de la República (PGR), una de las instituciones más cuestionadas de nuestro sistema político.
Pero hay algo que no puede omitirse: el comportamiento irregular de Nieto. En este caso, como lo ha hecho antes, violó la secrecía de una carpeta de investigación. Su torpeza —si sólo es torpeza— es mayúscula, pone en riesgo el debido proceso y afecta la presunción de inocencia. La entrevista con el diario Reforma no fue sólo una imprudencia sino, quizás, una ilegalidad que puede propiciar que Lozoya no pise la cárcel.
Nieto no ha sido un fiscal notable ni pulcro, aunque sí protagónico. El frágil armado de sus investigaciones no corresponde al escándalo que han generado, como ocurrió en 2015 con la carpeta contra el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Escobar, dirigente del PVEM, que fue rechazada por la juez Rosa María Cervantes.
Las revelaciones del caso Odebrecht en Brasil y las confesiones del propio Marcelo Odebrecht y otros altos directivos de la corporación, son contundentes. El modus operandi del gigante constructor ha sido el soborno y sus contribuciones de millones de dólares se han dirigido a políticos del más alto nivel, partidos y campañas electorales a cambio de contratos o promesas de contratos. Por eso están en prisión o sujetos a investigación ex presidentes, ministros, gobernadores y congresistas.
Algunos de los directivos de Odebrecht han señalado con absoluta claridad al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como uno de los beneficiarios de sus sobornos, durante los días en que se desempeñaba dentro del equipo de campaña del candidato Enrique Peña Nieto. Aunque, al despedirse, Raúl Cervantes anunció la conclusión de la Carpeta Odebrecht, seguimos sin conocer sus resultados.
En cuanto a Emilio Lozoya Austin hay muchas evidencias de su ineptitud y deshonestidad. Las malas cuentas en Pemex lo exhiben de cuerpo entero. Pero Santiago Nieto mintió, la carta a la que refiere en su entrevista a Reforma no contiene presiones ni insinuaciones indebidas.
La PGR sustenta su decisión en el Código de Conducta de la PGR y en la ley. Corresponderá ahora al Senado, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo18 transitorio de la reforma política de 2014, objetar su remoción, lo que podrá hacer si logra una mayoría simple de los miembros presentes. Cuando es tan relevante la transparencia en decisiones de gran calado, la opacidad con la que el PRI pretende votar el asunto y el intento de diferir más allá del término de los diez días que marca la Constitución, envía una mala señal.
La remoción de Nieto fue una decisión controversial desde el punto de vista jurídico. Pero más allá de lo jurídico, fue una estupidez desde el punto de vista político.
Presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario. @alfonsozarate
