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Un atisbo de que algo se estaba moviendo para aceitar la campaña presidencial de 2012, tuvo lugar en el aeropuerto de Toluca cuando detuvieron a funcionarios del gobierno recién inaugurado de Veracruz de Javier Duarte, que transportaban 25 millones de pesos en efectivo. Siendo así, ¿a quién pueden sorprender las sospechas que vinculan el destino de parte de los millones de dólares de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI?
Muchas historias están pendientes de conocerse sobre el financiamiento ilegal a esa y otras campañas, quizás en algún momento surja una “garganta profunda” o un fiscal anticorrupción honesto que revele las redes de financiamiento oculto.
La estrategia de esta administración de favorecer a un puñado de empresas con jugosas concesiones y contratos de obra pública (Odebrecht, OHL, Higa, etcétera), no se agota en el enriquecimiento de los cómplices, también tiene una vena política: se “justifica” por el imperativo de retener o ganar el poder.
Pero si el contratismo ha estado envuelto, desde siempre, en sospechas de relaciones peligrosas, la firma Odebrecht —la constructora más importante de América Latina— es una verdadera organización criminal que hace de los sobornos a la clase gobernante, la clave para expandir sus negocios.
A México Odebrecht llegó en 2006 y, desde entonces, ha realizado obras públicas de gran dimensión y costo no solo para Pemex, también para la CFE y gobiernos estatales y municipales. El gigante brasileño llegó incluso a diseñar un área responsable de administrar las “propinas” y transferirlas a “paraísos fiscales”, por eso no sería extraño que disponga de mecanismos para documentar detalladamente citas, negociaciones y pagos. Lo difícil, pero no imposible —porque esas operaciones están diseñadas para ocultar el origen y el destino de los fondos— será conectar las empresas con Emilio Lozoya y con otros funcionarios públicos de esta y la anterior administración que por ahora no aparecen en el radar.
Hijo de Emilio Lozoya Thalmann, uno de los integrantes del célebre grupo de Los Toficos (“Ummm, qué ricos”) que formó Carlos Salinas en la Escuela Nacional de Economía, el junior formó parte del consejo de administración de OHL, otra hermanita de la caridad, y aunque carecía de experiencia en el sector energético, es un experto en inversiones y triangulaciones, a eso se dedicaba durante su larga estancia en Estados Unidos. Su designación al frente de la empresa más importante del Estado mexicano debió considerar su expertise.
Como ya es costumbre, las revelaciones vienen de fuera porque aquí las autoridades responsables de investigar están comprometidas, juegan al encubrimiento y a que los que saben se queden callados. Así se explica la llegada de Raúl Cervantes, El fiscal carnal, a la PGR, como parte de una estrategia de blindaje ante lo que pudiera venir. Quien defendió al PRI en el caso Monex es ahora el responsable de investigar a su ex colega.
Si hubiera una investigación seria, la hebra no se limitaría a Lozoya Austin, llegaría a muchos funcionarios federales y estatales, de Pemex y otras dependencias. La Auditoría Superior de la Federación podría mostrar sus hallazgos a partir de las obras realizadas por Odebrecht porque para su operación se sirve de una fórmula mágica: el soborno. Cuando no compran las asignaciones directas, participan en las licitaciones con ofertas intencionalmente bajas, y una vez que obtienen las obras, negocian con funcionarios “aceitados” los incrementos al precio original que pueden ser extraordinarios.
¿Y la CFE? No debe soslayarse un hecho, la investigación realizada en Estados Unidos en diciembre de 2016, descubrió que entre 2010 y 2014, la firma brasileña Odebrecht sobornó a altos funcionarios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conseguir obras. Hasta ahora, todo el ruido se ha centrado en Pemex, pero ¿cuándo pondrán en la mira a esa empresa “de clase mundial” que, por cierto, dirigió Enrique Ochoa el actual presidente del PRI?
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
