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La decisión adoptada por los siete organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de elegir a Carlos Salazar Lomelín como presidente del organismo llamado “cúpula de cúpulas”, para el periodo 2019-2020, puede ser leída como una señal de que los empresarios más poderosos, los que mandan, han decidido construir una relación cercana y respetuosa con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Interesante el tránsito del golpeteo que desplegaron durante los meses de campaña (videos, exhortos, advertencias) al tendido de puentes con el candidato que supo recoger el hartazgo social. La decisión de llevar la fiesta en paz parece la más conveniente para el país.
A lo largo del tiempo, los empresarios han encontrado las maneras de construir instancias para la defensa de sus intereses. En 1962, cuando el presidente Adolfo López Mateos definió su gobierno como “de extrema izquierda dentro de la Constitución”, Bruno Pagliai y otros magnates fundaron el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), que se convirtió en el club más exclusivo: apenas tenía una treintena de miembros.
Unos años más tarde, en 1975, frente al izquierdismo de Luis Echeverría (más en el discurso que en la realidad) y su cercanía con Fidel Castro y Salvador Allende, Juan Sánchez Navarro impulsó la creación del CCE, organismo que serviría para dar la cara a nombre del sector privado, evitando que el verdadero poder, el CMHN, tuviera que dejar su manejo discreto, pero más eficaz.
La relación constructiva que, tras la ruptura por la expropiación bancaria, tenían los empresarios con el gobierno federal desde los días de Miguel de la Madrid, se afectó en el sexenio de la cofradía mexiquense; el sector privado sufrió, como nunca, la extorsión de autoridades, el desbordamiento delincuencial, la industria se estancó, pero hubo un grupo de ganadores: algunos que ya habían gozado de contratos y concesiones en el Estado de México desde los días de Arturo Montiel: OHL, Grupo Higa, las empresas de Hank Rhon y San Román, a los que se sumó Odebrecht.
Las señales enviadas por el gobierno de López Obrador al sector productivo han sido contrastantes. Por un lado, la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la iniciativa de eliminar las concesiones bancarias, algunas designaciones y políticas que parecen desacertadas y, por el otro, el anuncio de un “piso parejo”, el combate a la corrupción y a las extorsiones, la creación de un consejo empresarial asesor, el anuncio de grandes proyectos de infraestructura que podrán impulsar a la industria de la construcción.
Con Carlos Salazar Lomelín —un activo promotor de causas sociales que tuvo una carrera exitosa en Fomento Económico Mexicano (Femsa)—, los señores del dinero han optado por un conciliador cuyo discurso empata con el de López Obrador: llama a los empresarios a ser sensibles respecto de la realidad que vive la mayoría de la población, a la pobreza, la violencia y la exclusión, y los exhorta a pagar impuestos, dar empleos, invertir y reinvertir utilidades; subraya la “responsabilidad social” de las empresas.
Si los señores del CMN hubieran decidido ir a la confrontación, habrían escogido a un consigliere de guerra; no es el caso. Sin embargo, Coparmex, el sindicato patronal que encabeza Gustavo de Hoyos, mantiene su postura crítica: “A 50 días, el saldo es claramente negativo”, sostiene.
A lo largo de muchos años, los organismos empresariales han parecido vivir en un mundo aparte, desentendiéndose de los graves problemas del país, como el estancamiento económico que ha dejado en el desamparo a millones de jóvenes o las condiciones inadmisibles de pobreza en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que contrastan con el crecimiento de la zona del Bajío y del norte.
En un momento en el que los partidos de oposición enfrentan una crisis de sobrevivencia, los organismos empresariales pueden constituirse en un factor que aporte sensatez a políticas públicas que, por momentos, parecen repetir fórmulas fracasadas.
A partir del 27 de febrero, Salazar tendrá la oportunidad de hacer lo que sabe: convocar y organizar y llevar a la agenda empresarial temas que hasta hoy han parecido distantes: procurar un mayor crecimiento con empleos justamente remunerados; apoyar a los pequeños y medianos empresarios; detonar proyectos en las regiones abandonadas; en fin, intentar que los organismos empresariales recuperen el tiempo perdido.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
