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En días recientes, tuve el honor de participar en el lanzamiento de la plataforma “Abogacía ética”. Se trata de una iniciativa impulsada por el Consejo General de la Abogacía, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es convocar a los abogados del país a comprometerse a conducirse éticamente en el ejercicio de su profesión mediante la firma del “Estándar Ético de la Abogacía”.
Mejorar la actuación de los abogados es fundamental por diversas razones. Una de ellas es que su rol es determinante para el Estado de Derecho, al tratarse de profesionales que imparten justicia o defienden los derechos de los ciudadanos; su conducta debe estar apegada a la ley en todo momento. Por desgracia, existen casos donde quienes deben ser los primeros en observar la ley la quebrantan, ya sea por ineptitud o por satisfacer intereses personales. En ambos casos, fortalecer los programas en formación ética de los abogados es un elemento decisivo.
Cada año egresan miles de abogados que, desgraciadamente, no cuentan con la formación ética ni profesional adecuada. Llama la atención que la carrera de Derecho es la tercera con mayor demanda en México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. En sentido similar, la oferta educativa es significativa; en todo el territorio nacional existen alrededor de 1,600 instituciones de educación superior que ofrecen esta licenciatura y que poseen una matrícula aproximada de 255 mil estudiantes. Para entender a cabalidad esta cifra, basta mencionar que en Estados Unidos existen 206 escuelas que ofrecen esta carrera, mientras que en España hay solo 73.
La existencia de miles de centros de estudio de Derecho posee grandes desafíos. No podemos priorizar la cantidad de egresados por encima de la calidad con la que se forman. Hacerlo abarataría la profesionalización de los abogados de México y no podemos olvidar que un profesionista con formación deficiente es susceptible de corromperse por no saber realizar correctamente su trabajo.
Para atender este problema, el Poder Judicial de la Federación adoptó, desde 2004, un Código de Ética dirigido a los impartidores de justicia que contiene los principios rectores de ética judicial, a saber la independencia, la imparcialidad, la objetividad y el profesionalismo, para concientizar a jueces y magistrados sobre la importancia de realizar su labor apegados a la ley y lejos de ligas de interés que puedan afectar su conciencia. Igualmente, en lo relativo a la comunicación de la labor jurisdiccional, la recomendación ética para los juzgadores es mantener un juicio valorativo basado en la prudencia al momento de participar en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación masivo, para salvaguardar la libertad de expresión, pero también la información fidedigna y la transparencia, ya que siempre existe el riesgo de suplantación de identidad, la rápida difusión de datos falsos y la permanencia de los contenidos.
El combate a la corrupción exige medidas preventivas que eviten conductas inadecuadas en el ámbito profesional. En ese sentido, el Estándar Ético de la Abogacía debe ser visto como una herramienta de prevención, un esfuerzo colectivo y un compromiso público de todos sus adherentes para concientizar y prevenir los actos de corrupción entre los abogados particulares. Todo abogado debe acostumbrarse a hacer un juicio de conciencia respecto a su actuación profesional. Entre lo que debe reflexionarse está si algún elemento ajeno a la justicia afecta la imparcialidad o la independencia de su juicio.
En el actuar de cualquier servidor público la ética no es suficiente, pero siempre es necesaria. No se trata de una cualidad que debamos adquirir con el paso del tiempo; se trata de un requisito indispensable para cualquier individuo que crea en el Estado de Derecho. Bien se dice que “el buen juez por su casa empieza”. Somos precisamente nosotros, los profesionales del Derecho, quienes estamos llamados a ser la primera línea de defensa de la ética, la integridad y la probidad. Virtudes sobre las cuales se edifica la legalidad y la transparencia.
Consejero de la Judicatura Federal
