En México viven 39.2 millones niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Estamos hablando de casi una tercera parte de la población (32.8% del total).1 La mayor parte de ellas y ellos tienen entre 5 y 14 años (22.2 millones), seguidos por quienes tienen menos de cinco años (10.5 millones) y quienes tienen entre 15 y 17 años (6.4 millones). Este gran segmento de la población es, además, muy diverso. Está formado igualmente por niñas que viven en zonas rurales y en zonas urbanas, niños indígenas y afrodescendientes, adolescentes con alguna discapacidad, entre otras muchas intersecciones posibles.
Las niñas y los niños en México se encuentran en situación de desventaja y discriminación. Por mencionar sólo algunos ejemplos, la mitad de las personas menores de 18 años vive en situación de pobreza; se trata de la cifra más alta para todos los grupos de edad.2Aunque la asistencia escolar de las niñas y niños de entre 6 y 14 años es de casi 100% en todo el país, la cifra se reduce a 88% cuando se trata de niñas y niños indígenas y a 79% cuando tienen una discapacidad.3Casi el 60% de las niñas y niños se atienden en el seguro popular, el cual incluye una menor cantidad de servicios de salud frente a otras opciones como el IMSS o el ISSSTE.4
Hasta hace poco, los tres órdenes de gobierno atendían estos problemas con políticas asistencialistas y de manera poco coordinada. Este enfoque se dejó atrás en 2015, con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual tiene un enfoque de derechos.
Como parte de este cambio de paradigma, el Estado mexicano creó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, también conocido como SIPINNA. Su objetivo central es que las instituciones de los tres órdenes de gobierno se coordinen, para que sus acciones y programas pongan el interés superior de la niñez al centro,5 y logren resultados tangibles en el acceso y disfrute de derechos.
El Sistema está formado por el Presidente de la República, ocho dependencias federales,1 los 32 gobiernos estatales, el Fiscal General de la República, las personas titulares de la CNDH y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de los Poderes Legislativo y Judicial como invitados permanentes. El Sistema cuenta, además, con una Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y un Consejo Consultivo del Sistema Nacional. Este andamiaje se reproduce en los Estados de la República, con el fin de coordinar mejor los esfuerzos a nivel local (ya cuentan con 32 leyes, Sistemas, Secretarías Ejecutivas y Procuradurías Estatales, así como 1,125 Sistemas y Secretarías Ejecutivas Municipales). Finalmente, existe una Secretaría Ejecutiva, la cual está encargada de coordinar la operación de todo el Sistema, y cuyo titular es Ricardo Bucio Mújica.
El próximo 2 de diciembre el Sistema cumplirá tres años de haber sido instalado. A pesar de su reciente creación, ya cuenta con iniciativas nacionales de gran calado, como la Estrategia 25 al 25, una propuesta de Política Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con 25 objetivos a alcanzar en 2025 para todo el país, que incluyen metas e indicadores clave que permiten darles seguimiento. Esta Estrategia está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y busca ser un insumo central en la elaboración de los futuros Planes Nacional, Estatales o Municipales de Desarrollo.
A pesar de estos avances, los retos aún son enormes. El Sistema funciona con el propósito de reconocer derechos y acortar brechas de desigualdad; en ese sentido, hay que persistir en construir políticas que cumplan con ese propósito.
