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Está en marcha el proceso para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. A diferencia del pasado reciente, cuando su elaboración se reducía a un trámite burocrático, se busca realizar un ejercicio democrático que permita retomar la planeación del desarrollo del país, poniendo énfasis en el rescate de la nación y del bienestar de la población.
Se trata de dejar atrás cuatro décadas de abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado, por pate de quienes apostaron a someter a las leyes del mercado la soberanía y la vida de los mexicanos.
Se discute así, el futuro del país y el proyecto de nación al que aspiramos, partiendo de reconocer que México atraviesa por una crisis humanitaria y de violación sistemática de los derechos humanos, que ha abierto una profunda herida y una grave descomposición del tejido social, donde la exposición continua a fenómenos violentos afecta a todos por igual.
El PND se cimentará en tres ejes rectores: Justicia, Bienestar y Desarrollo Económico, y tres ejes transversales: igualdad de género, inclusión y no discriminación; combate a la corrupción y mejor gestión pública, así como territorio y desarrollo sustentable.
Con ello, se pretende sumar a las políticas para atender a las personas más pobres, las acciones para favorecer la igualdad de género, su inclusión y no discriminación, lo que significa llevar la igualdad y la no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, así como el enfoque territorial y el desarrollo sostenible, al diseño y a la implementación de todas las políticas del Gobierno federal.
La desigualdad, la exclusión y la pobreza se expresan también como formas de violencia. Es urgente cerrar las brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente excluidos del país.
Una de las expresiones más preocupantes de la violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y feminicida de la que son víctimas.
La prioridad de atender los derechos humanos debe impregnar todas las acciones y políticas públicas del gobierno como directrices en la construcción de la paz y la reconciliación en el país.
Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de ser un órgano para el control y para la persecución política, para erigirse en una institución garante de derechos y libertades. Donde la razón de Estado y el principio de autoridad serán remplazados por la salvaguarda del interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración
