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Fiel a su naturaleza el viejo régimen se resiste a morir. Los primeros atisbos se registraron durante la campaña electoral y el campeonato mundial de futbol, cuando ante la distracción colectiva generada por estos eventos y la inminencia de una derrota electoral, un displicente Ejecutivo federal, el 5 de junio, día mundial del medio ambiente, levantó la veda en 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país (40 por ciento del total) que concentran el 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.
Con estos decretos, Peña Nieto eliminó la prohibición para otorgar permisos de extracción de agua en esas cuencas, bajo el argumento de que con ello se establecerían reservas de agua para áreas naturales protegidas para los próximos 50 años, abriendo la puerta a la privatización en el manejo del agua por organismos operadores empresariales o para entregar concesiones a empresas extractivas, permitiendo a la Comisión Nacional del Agua, garantizar los volúmenes de agua que exigen las empresas privadas a costa de los derechos de los pueblos originarios y comunidades agrarias, favoreciendo además los trasvases de agua a gran escala.
El 17 de julio, el gobierno federal registró ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos una emisión de deuda por 10 mil millones de dólares, para “la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo”, es decir, deuda para pagar deuda.
Con esta medida la deuda del sector público de nuestro país alcanza su máximo histórico, al pasar de 33.8 por ciento por ciento del PIB en 2012, a 46.4 por ciento del PIB al cierre de 2017.
A ello se suma la decisión, dada a conocer apenas el pasado 19 de julio, de otorgar un aumento salarial a 317 mil, de los más de un millón y medio, de funcionarios de la burocracia federal, retroactivo al mes de enero, sin autorización de la Cámara de Diputados, y sin informar el impacto que esta medida tendrá en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Con esta decisión, que entró en vigor en la segunda quincena de junio, el sueldo de Peña Nieto pasó de 209 mil 967 pesos a 222 mil 261 pesos mensuales, en tanto que el de los secretarios de Estado, se elevó a 218 mil 586 pesos, y el de los subsecretarios a 189 mil 905 pesos al mes.
De igual manera, el 1 de julio, mientras los mexicanos acudían a las urnas, entraron en vigor contratos por 24 mil millones de pesos, suscritos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mantenimiento carretero, a algunos de los empresarios favoritos del actual gobierno: Ramiro Garza Cantú, Alejandro Calzada Prats, Jorge Miguel Melgarejo y Víctor Ortiz Ensástegui.
A estas medidas que pretenden limitar y comprometer la capacidad de manejo de la política económica del país del próximo gobierno e incluso, alentar la inconformidad de la burocracia federal ante la eventual extinción de sus privilegios, el dinosaurio tira sus últimos coletazos políticos.
El 16 de julio, la Secretaría de Gobernación, publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo con el cual se crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Policía Federal, la cual tiene como objetivo implementar las acciones de apoyo, coordinación y colaboración que vinculen las funciones de la Policía Federal en materia de intervención de comunicaciones privadas.
Con este acuerdo, claramente anticonstitucional, propio de regímenes autoritarios, se otorga a la Policía Federal una facultad discrecional para intervenir telecomunicaciones privadas sin que medie orden judicial, vulnerando el derecho a la privacidad y las libertades políticas que garantiza nuestra constitución.
Igualmente, el 18 de julio, el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, demostró que pretende continuar frenando las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, al negar a los padres de las víctimas su derecho a que se cree una comisión de la verdad, apoyando la determinación del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, el cual sostiene que es jurídicamente imposible cumplir las sentencias que ordenó el Primer Tribunal Colegiado, para la creación de la comisión de la verdad del caso Iguala, como si este fuera un asunto de carácter jurídico cuando basta un gesto de voluntad política para crear dicha comisión.
Todo ello me trae a la memoria la fábula de la tortuga y el escorpión, cuando el artrópodo pide auxilio al quelonio para cruzar un rio crecido por una tormenta, y a mitad del camino el escorpión encaja el aguijón en la tortuga, disculpándose, con un: lo siento me ganó el instinto. Faltan aún cerca de cuatro meses de agonía para el dinosaurio, son de esperarse sus últimos estertores.
Senador de la República
