Más Información
Promisorio que cuando la Presidencia de la República goza del mayor respaldo popular y de una legitimidad ajena a las últimas décadas, se den pasos consistentes hacia el desmantelamiento de los instrumentos sobre los que descansó el viejo poder autoritario.
El establecimiento de la protección y garantía de los derechos humanos como eje de la política interior; el cierre del penal de las Islas Marías, y ahora la apertura de los archivos del Cisen, son signos de la transformación en marcha.
La historia de los servicios de espionaje en México tiene larga data. Desde el Tribunal de la Fe de la Nueva España, uno de cuyos más crueles inquisidores fue Fray Tomás de Torquemada, en la persecución de “herejes, idólatras y hechiceros”, y de todo disidente incómodo a la colonia.
El temido Servicio Secreto de Porfirio Díaz, un organismo de espionaje político, a cargo de la Secretaría de Gobernación, que infiltraba espías entre la población, y cuyo número superaba a los gendarmes de la policía porfirista, cuyos niveles de violencia opacaban a la también temida policía rural o al Ejército.
En 1918, Carranza inició la contratación de agentes confidenciales a través de la “Sección Primera” de la Secretaría de Gobernación. Desde entonces, hasta la fecha, las tareas de inteligencia se habían mantenido como un instrumento para garantizar la seguridad del Estado y permitir la continuidad del régimen, como sucedió en 1925, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y la formación del “partidazo”, acompañada de “agentes de información política”.
En 1929, Emilio Portes Gil conforma el Departamento Confidencial de la Secretaría de Gobernación. En 1935, se crea la Oficina de Información Política y Social. Tres años después, Cárdenas le cambia el nombre a Oficina de Información Política, y en 1942, es transformada en el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que daría lugar, durante el gobierno de Miguel Alemán, en 1947, a la Dirección Federal de Seguridad, organismo a cargo del general Marcelino Iñurreta, instrumentada para sofocar a los grupos opositores al régimen.
Por la Dirección Federal de Seguridad, desfilaron, entre 1958 y 1964, personajes ominosos del régimen priista, como el coronel Manuel Rangel Escamilla, quien enfrentó al movimiento ferrocarrilero de Campa y Vallejo, al Movimiento Revolucionario del Magisterio de Othón Salazar, y el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, en los años 60.
Fernando Gutiérrez Barrios, ícono de la policía política; colaborador de la CIA, bajo el nombre de Litempo-4, de acuerdo con documentos desclasificados por esa agencia, se le atribuyen algunas de las páginas más negras de nuestra historia, entre otras, la masacre estudiantil en 1968.
Luis de la Barreda Moreno, titular de la DFS durante “el halconazo” del 10 de junio de 1971, así como Miguel Nazar Haro, inefable policía que encabezó la Guerra Sucia, una guerra de exterminio para enfrentar los movimientos armados y a los opositores al régimen durante los años setenta, quien ha sido señalado como responsable de un sinnúmero de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
En 1985, se creó la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, y en 1989, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, continuando las tareas de espionaje, a lo que se sumó la judicialización de la política para la persecución de adversarios, como sucedió con el desafuero del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador en 2005.
El Presidente ha extinguido el Cisen y ha instruido abrir sus archivos para que sean libremente consultados. De sus folios emergerán verdades e interpretaciones que permitirán conocer páginas dolorosas de nuestra historia y que pueden ayudar a crear conciencia y garantizar que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir.
Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración
