La caravana de migrantes centroamericanos que recorre el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos ha puesto en entredicho la errática política migratoria del gobierno mexicano, y ha puesto a flor de piel los rasgos más deleznables de un sector de nuestra sociedad en el que afloran la mezquindad y la xenofobia, así como una profunda incomprensión e ignorancia sobre un fenómeno mundial que llegó para quedarse, y que independientemente de los múltiples factores que lo motivan, se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo de la economía mundial.
De acuerdo con datos recientes, en el mundo existen 258 millones de migrantes, 26 millones de los cuales están en condición de refugio, y su fuerza de trabajo, genera una riqueza que ronda los 500 mil millones de dólares cada año.
Los mensajes ambiguos emitidos por el gobierno tras el anuncio de la caravana, así como el frustrado plan propuesto por Peña Nieto, Esta es tu casa, para regular el ingreso de los centroamericanos, se ha traducido en un lenguaje contradictorio con las redadas, bloqueos y acciones para deportar o inhibir la participación de los integrantes de este éxodo masivo hacia el norte.
Ambigüedad que ha sido acompañada de un discurso simplista y discriminatorio de distintas voces, Vicente Fox incluido, que hacen eco del denuesto respecto a que la caravana representa una amenaza para México, que en ésta participan delincuentes y hasta terroristas de otros continentes; o que es inadmisible que se ofrezcan visas de trabajo a quienes vienen a despojar de sus empleos a los mexicanos.
Lo que estas personas no alcanzan o no quieren entender, es que la caravana integrada por miles de personas, entre ellas un número considerable de niñas, niños y mujeres de origen muy humilde, es la expresión de la profunda desigualdad y falta de desarrollo en la región centroamericana, a la que se suma la fragilidad de los gobiernos de la región, así como la vulnerabilidad, violencia e inseguridad a la que están expuestos.
Se trata, fundamentalmente, de personas que han sido expulsadas de sus países, asoladas por un entorno de violencia y pobreza, por lo que lejos de pretender su contención con medidas burocráticas o incluso, con el uso de la fuerza, el Estado mexicano debería atender, retomando los principios de protección y solidaridad, que durante años caracterizaron a la política exterior del país.
Por su parte, los integrantes de la caravana deben garantizar el carácter pacífico de su paso por el territorio nacional, evitando cualquier forma de provocación o violencia que desvirtúe la legitimidad de su aspiración.
Innumerables organizaciones y personalidades han llamado al gobierno mexicano a impulsar iniciativas multilaterales que permitan canalizar recursos para enfrentar la raíz del fenómeno migratorio, a fin de favorecer el desarrollo social y el bienestar en la región, incluida la frontera sur del país, alentando un acuerdo de cooperación con los países de la región y los Estados Unidos.
Asimismo, han insistido en que México debe garantizar la protección e integridad de las personas que se encuentran es esta caravana y de quienes ingresen al país; frenar toda violación a los derechos humanos, garantizando el derecho al refugio consagrado en nuestra Carta Magna; cancelar los intentos de deportaciones masivas, así como los maltratos cometidos; velar por el interés superior de la niñez; asistir integralmente a las personas, asumiendo que los migrantes son sujetos plenos de derechos.
La caravana representa además una emergencia humanitaria que ha encontrado, una vez más, la solidaridad de la población. El gobierno federal y los gobiernos locales deberían estar a la altura de la solidaridad popular y corresponder ante estas circunstancias.
Integrante del equipo de transición
