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Uno de los efectos lacerantes del desastre que representó la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” emprendida por Felipe Calderón, fue la indolencia con que se abordó la identificación de los cuerpos en los servicios forenses en el país.
El incremento vertiginoso del número de personas fallecidas a partir de 2007 que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) rebasaron las capacidades para atender la magnitud y complejidad de este problema, resultando insuficientes para garantizar la identificación de las víctimas. Al aumento súbito en el número de homicidios cometidos, se sumó el incrementó del número de inhumaciones de cuerpos a los que no se practicó necropsia, cuya situación no fue especificada en las actas de defunción, y que fueron inhumados en fosas comunes, lo que generó una severa crisis forense.
Si bien a nivel nacional existen 217 laboratorios y 263 anfiteatros, la mayoría de las entidades federativas cuenta apenas con una capacidad para identificar solo el 20 por ciento de los cuerpos que reciben, al tiempo que las instalaciones para almacenar cuerpos tienen una sobreocupación al menos del 40 por ciento.
De acuerdo con el diagnóstico realizado en el mes de marzo por Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, la crisis forense se expresa en la falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales; la escasez de personal especializado; recursos limitados; la falta de criterios homologados para la conservación de los cuerpos; el desconocimiento de la normatividad aplicable en la materia, y la insuficiencia de cementerios forenses.
¿Cómo revertir esta situación? El primer paso consiste en cambiar las formas de trabajo, estableciendo protocolos homologados para el análisis de los cuerpos, privilegiando en la práctica forense, la identificación de los cuerpos, contando con equipos forenses multidisciplinarios, y con la infraestructura y equipo suficientes, atendiendo, a la par del día a día, los casos en espera y los cuerpos que se recuperan de fosas clandestinas, recolectando, en coordinación con los familiares que están en busca de sus seres queridos, la información post mortem, cotejando la información para la identificación forense, para proceder a la entrega a sus familiares, o para su resguardo, en condiciones de dignidad de los cuerpos.
El día de ayer, durante la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda, se dio a conocer un programa para atender esta emergencia que, en su primera fase, contará con un presupuesto de 410 millones de pesos para instalar cinco Institutos Regionales Forenses; construir 15 cementerios forenses; integrar un equipo de expertos forenses para atender la intervención de inhumaciones clandestinas; dar un apoyo extraordinario a servicios forenses locales; dotar de sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares; garantizar la homologación de identificadores genéticos, y mejorar la coordinación y las capacidades institucionales, para lo que se promoverá una Ley General de Identificación Humana para superar este desastre.
El objetivo es, además, avanzar hacia un modelo que permita brindar un trato digno de los cuerpos sin identificar, que garantice su derecho a la identidad, a regresar con sus familiares y a tener una sepultura digna.
Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración
