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Tres prioridades del Presupuesto de Egresos Federales (PEF) de 2019 vienen de tiempo atrás: la austeridad general, el aumento al gasto militar y la disciplina fiscal buscando un superávit primario para asegurar pagos de deuda. La novedad son los aumentos en educación, salud, trabajo y energía para paliar la devastación social y productiva. Destacan por estrujantes en el PEF: la reducción del gasto en agricultura, medio ambiente, comunicaciones y transportes, justo cuando se anuncian grandes proyectos de infraestructura en el Sur-Sureste de México, nuestra zona indígena, hídrica, energética y biodiversa por excelencia.
Si el neoliberalismo en México impuso la austeridad en las finanzas públicas para reducir el tamaño del Estado, es claro que en el primer año de gobierno de AMLO seguiremos la senda neoliberal por la que andamos desde hace 35 años.
Nadie niega que el triunfo de AMLO ha traído cambios muy significativos en seguridad, como la disolución del Estado Mayor Presidencial y la del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, dos instituciones desprestigiadas por su prepotencia y corrupción, además de involucradas en represiones históricas pretextando obediencia presidencial o contención social preventiva.
Cierto: hoy seguimos en una grave crisis de seguridad (pública y privada), pero se soslaya una crisis humanitaria colosal, para justificar que se requiere una Guardia Nacional, no civil sino comandada por el Ejército. La promesa electoral tal vez más importante de AMLO fue retirar a las Fuerzas Armadas de labores policiacas, como eco al enérgico reclamo popular exigiendo paz ante el saldo brutal tras su presencia en las calles, que igual motivó miles de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos.
Por eso preocupa que la militarización siga con fuerza, presumiblemente bajo presión de Estados Unidos. Cediendo ante EU, Fox firmó en 2005 la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan) y luego Calderón cultivó más la prosperidad empresarial y militar al declarar la “guerra contra las drogas”, ensangrentando al país al calor de la “Iniciativa Mérida”. La militarización siguió en jauja con Peña, que alargó las bases del negocio de una guerra interminable, intentando además despejar el camino para aprobar una Ley de Seguridad Interior (LSI), que la propia Suprema Corte declaró inconstitucional pero hasta 2018; así, le aventó la pelota al Poder Legislativo, pero ya no para complicar la alianza PRI-PAN, sino comprometiendo a la bancada de Morena en legalizar la militarización. Por eso en 2019 se sostiene y aumenta el gasto militar “hasta en tanto prevalezca la crisis de seguridad”. Y se pretenden modificar los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional y otras disposiciones legales para abrirle camino a la militarización disfrazada de legalidad.
El neoliberalismo no ha resuelto ningún problema fundamental con la austeridad: ni la continuidad de la acumulación, ni un buen ritmo de crecimiento en la economía; ni aumentar la productividad ni limitar el parasitismo financiero. La militarización interminable no ha frenado el flujo de drogas, ni posibilitado una policía honesta y científica; ni logrado la paz ni menos la estabilidad social, sólo extiende una gravísima crisis humanitaria y los negocios de los vendedores de armas desde EU y otros países.
Profesor de la Facultad de Economía
