El Senado de México aprobó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que sustituye al TLCAN, dando a Donald Trump ventajas estratégicas para remodelar las reglas globales a partir de acuerdos bilaterales, arrancando bajo presión concesiones de sus vecinos y socios comerciales, México y Canadá.
En la 4T y bajo dirección de Morena, el Senado mexicano es todavía caja de resonancia del Poder Ejecutivo: no examinó públicamente las líneas claves del T-MEC, no cuestionó delicados contenidos que comprometen espacios estratégicos de soberanía, no alertó a ciudadanos, trabajadores ni público en general, sobre los alcances e implicaciones de lo que se estaba aprobando. Excepto el “plan” de salvar al T-MEC para “dar seguridad a los inversionistas” y “evitar la aplicación de aranceles”, no se hizo ningún balance del TLCAN, al que por default se decretó “positivo e insustituible” para México, ignorando sus saldos dramáticos contra los trabajadores rurales y urbanos.
¿Por qué nuestro crecimiento promedio anual no ha rebasado el 2.5% desde que lo firmamos hasta nuestros días? ¿Qué implicó en devastación de empleos, de recursos y en daños ambientales? Las migraciones ¿no siguen provocadas por las importaciones agrícolas desde EU, que el TLCAN nos impuso a México y Centroamérica y el T-MEC reforzará?
¿Por qué la convergencia económica relativa que había, se ha transformado en disparidad y divergencia regional configurando un México del norte y uno del sur? ¿Y las promesas de prosperidad? El Senado delegó sus atribuciones sobre acuerdos internacionales, tranquilizado por la docilidad convertida en “habilidad” por Marcelo Ebrard, sin importar que nos arrastran a una militarización creciente y a la criminalización de los migrantes como “ilegales”, cuando son trabajadores que no por gusto huyen de sus países, sino por tener la vida y la supervivencia amenazadas por el “libre comercio”, el cambio climático, el hambre y la violencia.
Nada impide el regreso coyuntural del chantaje arancelario, la siguiente vez agravado por un T-MEC que nos prohibe firmar individualmente acuerdos comerciales “con economías de no-mercado” (dedicatoria a China y Cuba); que endurece las reglas en el sector energético (pues incluye el mecanismo de “solución de controversias inversionistas-Estado”, que impone un arbitraje privado por encima del sistema judicial nacional y busca frenar los cambios en política energética); que eleva las reglas de origen de la industria automotriz (ahora exigiendo 75% de contenido final en autos de la región y entre 60 y 75% en autopartes, con un porcentaje fijo de acero y aluminio hecho en EU, con 40-45% de contenido en autos fabricado por trabajadores ganando no menos de 16 USD por hora, impensables para México).
Que aumenta derechos de propiedad intelectual (un capítulo completo) comprometiendo la producción de medicinas básicas, prolongando las medicinas de patente en manos de farmacéuticas monopólicas, que permite que sean patentados no sólo materiales biológicos naturales sino sus procesos de adecuación, que frena la utilización de los medicamentos genéricos, etc. Y abre un chantaje sexenal, a revisión cada seis años, la cláusula de término del Tratado.
El T-MEC tuvo valientes votos en contra, que exhibieron más a un Poder Legislativo sin criterio ni voz propia, mientras la derecha se alía con el Poder Judicial.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM e
integrante del Centro de Análisis de
Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS,
caceps@gmail.com