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El hilo que unifica las luchas ciudadanas para reconducir el país hacia una democracia mínimamente aceptable, en donde haya rendición de cuentas, Estado de derecho, participación y representación real, pasa por derribar la pesada estructura de intereses que ha construido la clase política, llamada pacto de impunidad, para protegerse y reproducirse.
Para ganar esas batallas contra la partidocracia se necesita mucha voluntad, inteligencia, buenas estrategias y mucha suerte. Aquí se ubica la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso para que legisle en materia de propaganda gubernamental. Pero no pasó ni un día para ver que esta gran victoria civil se ha visto ensombrecida por la decisión legislativa que refuerza la partidocracia: la convocatoria para que el nuevo fiscal de la FEPADE pueda ser una persona con militancia, es decir, una cuota más de algún partido.
Los criterios que deben ordenar la propaganda gubernamental están en el Artículo 134 párrafo octavo de la Constitución, los cuales formaron parte de la reforma político-electoral de 2007 sobre el uso político y partidista de los medios. Esa reforma quedó a deber la ley reglamentaria, al igual que la reforma de 2014. La Constitución dice que la propaganda debe tener un “carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. ¿Cuántos políticos han incumplido la ley en los últimos años?
El gasto en propaganda resulta insoportable para un país plagado de carencias y necesidades. ¿Cómo se puede aceptar que el gasto del Presidente en esta administración sea similar a la cifra necesaria para la reconstrucción de los sismos de septiembre pasado? ¿Es legítimo que las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social hayan gastado en 2015 la cantidad de 5 mil 948 millones de pesos, cuando la pobreza permanece igual, faltan medicinas en los hospitales y miles de escuelas no tienen las mínimas condiciones para funcionar? ¿Cómo se justifica que mientras hay amplios recortes en el presupuesto federal en gastos muy necesarios, la propaganda gubernamental haya rebasado año con año el gasto autorizado para llegar a un sobreejercicio de más de 71%? (Estudio de Fundar: Contar “Lo Bueno” Cuesta Mucho, El Gasto en publicidad Oficial del Gobierno Federal de 2013 a 2016, México, 2017).
Este gasto afecta de forma directa la libertad de expresión y distorsiona la relación entre los medios y el poder político. Hay premios y castigos con el dinero público y una interminable ola de promociones personales de la clase política. Por supuesto que la partidocracia no ha querido legislar sobre esta materia. En mayo de 2014 la organización Artículo 19 interpuso un amparo que, según describió Leopoldo Maldonado en el espacio de Aristegui en Vivo, fue a dar al juzgado XI en materia administrativa, que lo rechazó por considerarlo materia electoral, pero en el recurso de revisión se buscó que la SCJN lo atrajera y el pasado 15 de noviembre el recurso se aprobó por cuatro votos contra uno, porque los ministros consideran que se trata de un gasto que tiene varias características: es opaco, discrecional y excesivo. Se trata de un gasto superfluo, con todos los sinónimos que cobran sentido como innecesario, inútil, baladí, trivial, redundante, sobrante.
El plazo para que se legisle es el 30 de abril de 2018, vamos a ver cómo en plena campaña electoral se logra llegar a un acuerdo para regular este gasto venenoso y superfluo. No se trata sólo de una valoración, sino de ver los resultados. Si Peña Nieto ha invertido hasta el primer semestre de 2017 más de 37 mil millones de pesos y tiene una aprobación menor al 20%, sin duda se trata de un gasto que ha sido superfluo. En suma, Peña Nieto es el Presidente que más ha gastado en promocionarse y el peor evaluado.
El ministro Zaldívar señala que: “Sentencias como ésta pueden mandar un mensaje a la ciudadanía de que aún hay vías jurídicas para resolver conflictos y que hay instancias del Estado en las que se puede confiar” (El País, 17/11/2017). ¿Será cierto?
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
