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Resulta preocupante que en México —en plena 4T— se abra una ventana desde el gobierno para una mayor intervención de las iglesias en la vida pública. Además, seguimos con la simulación sobre la regulación en materia de medios de comunicación para las organizaciones religiosas. En los últimos días se ha juntado tres eventos que necesitan atención.
El primero se generó por una contradicción en el actual partido gobernante y se refiere a lo que sucedió en el congreso del estado de Sinaloa con la Ley de Matrimonio Igualitario, en donde una división del grupo mayoritario de Morena generó que no se aprobara la reforma a los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado. Seis de los 22 morenistas votaron con los partidos que no quieren que haya matrimonio igualitario, PRI, PAN, PT y ganaron esta batalla. Ya hay 18 estados del país que han aprobado esa ley (La Jornada, 20/junio/2019). En la batalla por la ampliación de derechos llama la atención las resistencias de sectores conservadores alentados por iglesias, de distinta denominación, que polarizan sus posturas frente a las comunidades LGBTTI.
El segundo caso es la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que dio un título de concesión, el 101.9 MHz en la ciudad de Mérida, Yucatán, para que esa radio FM sea operada por una organización evangélica denominada “La visión de Dios A.C.”, lo cual es una abierta violación a la legalidad. Además de la ilegalidad, es un expediente que se inscribe en la enorme simulación que existe en el país. A pesar de que está prohibido en el Artículo 130 de la Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992, que las organizaciones religiosas, iglesias y movimientos confesionales pueden tener medios de comunicación, hay muchas excepciones que funcionan en la práctica, como el Canal María Visión, ejemplo de las maniobras que simulan y violentan la legalidad, como bien lo analiza Raúl Trejo Delarbre (Laicidad y Medios de Comunicación, UNAM 2013). El IFT argumenta que no encontró en el registro de organizaciones religiosas a esta asociación, que, con la apariencia civil, por cierto, muy poco disimulada ya que desde el nombre se expresa su vocación, es confesional. La AMEDI ha pedido en una carta pública, avalada por muchas organizaciones y un amplio grupo de personas, una rectificación (Aristegui Noticias, 19/julio/2019). Basta de tener camuflajes civiles que son religiosos o partidos confesionales o corporativos, como fueron los casos del PES y de Nueva Alianza.
El tercer caso es muy preocupante porque surge del corazón de la 4T y se trata del nuevo Reglamento de la Secretaría de Gobernación, del 31 mayo pasado: en su Artículo 86, Fracción XIX dice que la dirección de Asuntos Religiosos establecerá “estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias (…) para que participen en proyectos de reconstrucción social y cultura de paz de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”. Aquí sí se puede decir que tendremos a las iglesias metidas hasta la cocina en áreas de políticas públicas, con una serie de implicaciones que afectarán la laicidad del Estado mexicano y del gobierno en turno. Ya lo han argumentado diversos especialistas que esas estrategias de colaboración no serán neutrales, como señaló Roberto Blancarte. No hay antecedentes de algo similar desde la separación de las iglesias y el Estado en 1857. A pesar de que se dice que no se quiere “la participación activa de las iglesias en la vida política (…) sino sólo su influencia y grado de penetración en el territorio” (Aristegui Noticias, 18/junio/2019), la frontera es muy frágil y porosa entre actividad política e influencia.
La defensa de la laicidad es básica para la vida democrática, por eso hay que impedir que el espacio público tenga una reconquista confesional, eclesiástica o clerical, como dice bien Michelangelo Bovero…
Investigador del CIESAS.
@AzizNa ssif
