En estos días se han dado a conocer varios estudios que muestran tres de los graves problemas estructurales del país: en un vértice está la terrible violación de derechos humanos que da a conocer Human Rights Watch (HRW), en otro está la desigualdad aguda que presenta un estudio de Oxfam y en el tercero aparece la investigación de México Evalúa sobre cómo funciona un mecanismo discrecional de operación político-económico para repartir recursos del gobierno federal a los gobiernos locales, el famoso Ramo 23 de la SHCP. ¿Cómo se relacionan violencia, desigualdad y control político?
La desigualdad y la violencia son problemas que obedecen a una mezcla que combina estructuras económicas con políticas públicas que aplica el gobierno. La discreción con que se aplica el Ramo 23 constituye una expresión emblemática del federalismo simulado que opera para reproducir el viejo régimen de partido de Estado. El resultado han sido gobiernos fallidos del PRI y el PAN.
El modelo económico con dominante exportadora y bajos salarios ha llevado a México a una inserción en el mercado internacional que se ha denominado de subcontratación. Con esa estrategia de desarrollo, de acuerdo al estudio de Oxfam, nos encontramos dentro del 25% de países con mayor desigualdad del mundo. Los salarios tienen más de tres décadas con una pérdida en su valor adquisitivo. Simplemente en este mes se neutralizó el aumento frente al crecimiento de la inflación. El estudio señala que hay al menos 7.5 millones de trabajadores que gana un salario mínimo y que entre 2012 y 2016 creció casi un millón el número de personas con este ingreso, mientras los que ganaban más de este salario, disminuyeron. Hoy existe una mayor precariedad, pero el gobierno de Peña Nieto presume de creación de empleo, lo que no dice es que estos empleos están cada vez más mal pagados.
Frente a un país tan desigual, tenemos también un país muy lastimado por la violación de derechos humanos. El informe de HRW presenta cifras terribles: 32 mil personas desaparecidas; múltiples ejecuciones extrajudiciales; abusos militares e impunidad (entre 2006 y 2016 la CNDH recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas); la tortura es una práctica generalizada, lo dijo la ONU y ahora el Inegi lo documenta porque 57.8% de la población penitenciara señala que ha sufrido violencia física al ser arrestado; el asesinato de periodistas es una constante que no se detiene y la mayoría permanece en la impunidad. 2017 fue el año con más violencia en muchas décadas, lo cual expresa que la política del gobierno peñista en materia de seguridad ha fracasado de manera rotunda.
Al malestar por un modelo económico que produce alta desigualdad y pobreza, y un país con graves déficits en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos, se suma un enorme pacto de impunidad que tiene muchas expresiones, desde la captura de instituciones autónomas (INE, Tribunal Electoral, IFT, etc.), hasta el uso del presupuesto como control político. El caso Chihuahua y el estudio de México Evalúa nos muestran una parte de ese entramado en el funcionamiento del Ramo 23 de la SHCP. Un caudal de dinero que no tiene regulación, y que ha tenido un escandaloso sobreejercicio presupuestal (se autorizan 1,650 mdp y se gastan 65 mil mdp). Se distribuye de acuerdo a pactos con cada gobernador y con cada uno hay premios y castigos. Con datos que llegan a septiembre de 2017 al Estado de México (corazón del gobierno actual) le han dado 5,291 millones de pesos y a Chihuahua, que hoy encabeza un movimiento contra la corrupción y la impunidad, sólo le dieron 61 mdp. Al que combate la corrupción y la impunidad lo castigan y Hacienda le congela la transferencia de varios convenios por un monto de 900 mdp.
Este triángulo opresivo tiene la lógica de un modelo que va desde lo estructural de una economía que genera desigualdad, una política fallida de protección de derechos humanos que incrementa la violencia por un Estado incapaz de dar seguridad y proteger a los ciudadanos, y cierra el triángulo con un gobierno que reproduce un pacto político que distribuye los recursos con lógica partidista…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif