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En el contexto internacional existe una ola de regresiones que amenazan y agreden al sistema democrático. Trump es un paradigma completo; Maduro ha cancelado a la oposición; en Brasil la derecha quiere impedir la participación electoral de Lula; todos ellos se alejan cada vez más de un gobierno democrático. Parece que Peña Nieto se encuentra enmarcado en este panorama.
El regreso al pasado huele a viejo y sabe a podrido. Como hizo el gobierno de Fox en 2005 con el desafuero de López Obrador, ahora lo hace el gobierno de Peña Nieto con Ricardo Anaya. Se parecen tanto como hermanos gemelos. Recuerdo a los panistas —prepotentes— que en ese momento defendían el desafuero, porque había que defender el Estado de derecho. Hoy reclaman que se trata de una infamia en contra de su candidato. Hoy los gemelos están metidos en un pleito por el poder y de nuevo se llevan por delante las instituciones y golpean el proceso electoral.
La defensa democrática necesita poner por delante el principio de no usar los instrumentos del Estado para afectar a un contrincante, porque de lo contrario caemos en un sistema autoritario, del cual ya estamos bastante cerca. Cuando el sistema de impartición de justicia se cruza con el espacio político, se rompe una de las bases fundamentales de una democracia, la separación de poderes. Cuando se hace un uso faccioso de la PGR, se atrofia la capacidad institucional.
La transición a la democracia tuvo como uno de sus objetivos construir un estado de derecho, y los primeros que atentaron en su contra fueron los panistas para afectar la sucesión de 2006. Unos años después, el gobierno priísta de Peña Nieto ha usado múltiples prácticas autoritarias para vulnerar la democracia: el ataque a la libertad de expresión (caso Aristegui); fortalecer el pacto de impunidad (los 43 de Ayotzinapa); tapar la corrupción (expedientes de los gobernadores corruptos, desviaciones multimillonarias en Sedesol y Sedatu, Proceso # 2156); el uso arbitrario de recursos públicos a través del Ramo 23 que maneja la SHCP para fines político-electorales (gasto de más de 300 mil millones de pesos entre 2013 y 2017, https://goo.gl/dE7Xup)
Desde la salida del procurador Raúl Cervantes en octubre del año pasado, la PGR ha operado para favorecer al gobierno de Peña Nieto y para obstaculizar cualquier expediente que lo comprometa. Así se puede entender la expulsión del fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto, por el caso de Odebrecht y el involucramiento de Emilio Lozoya; después la falta de acción para pedir la extradición del exgobernador César Duarte que acumula once órdenes de aprehensión y que todavía sigue en proceso; la pasividad ante la triangulación de recursos en fraudes como la estafa maestra. Cuando hay intereses políticos se le mete velocidad, como en el caso de Manuel Barreiro, empresario cercano a Ricardo Anaya.
Otra pieza que completa el panorama de la regresión autoritaria que vive México hoy —con el retorno del PRI— son las elecciones de Estado que vimos con mucho detalle el año pasado. Recientemente Bernardo Barranco publicó un libro colectivo, El infierno electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018 (Grijalbo), en donde establece las características de esta operación que se hizo el año pasado y que se quiere repetir en esta sucesión presidencial. Según el coordinador de esta obra las partes de esta operación son: la transformación del aparato estatal en una maquinaria electoral (una operación que el PRI hacía de forma permanente en el viejo régimen); el uso de los programas sociales para la compra del voto; la captura de los organismos electorales; la intimidación y la violencia como la que se hizo en contra de la maestra Delfina, candidata de Morena, y de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN (https://goo.gl/8RZD7X).
La persecución (institucional) de los adversarios de cualquier signo no es aceptable. Hay que defender la democracia para no llegar a lo que Bertolt Brecht escribió: “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde” …
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
