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La independencia de Cataluña es un desafío y un laboratorio para cualquier sistema político democrático. El conflicto catalán se metió a un callejón sin una salida satisfactoria para las partes; una solución como la que tuvieron hace unos años Quebec y Escocia, con un referéndum pactado y vinculante. Aquí se ha caminado en sentido contrario, hacia la polarización, las amenazas, la violencia y estas semanas dejan una herida que tardará tiempo en sanar.
En Cataluña se polarizaron dos narrativas, la ley y el orden por el lado del gobierno de Rajoy, versus la independencia y la libertad de elegir, por el lado de Puigdemont. El problema no es nuevo, tienen historia. Algunos hablan de varios siglos, otros se concentran en el siglo XX (la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición democrática). No se trata sólo de antecedentes, sino de un pasado inscrito en el presente. La última fase inicia con el Estatuto que se aprobó en Cataluña en 2005 y en el Congreso español en 2006. El PP, actual partido gobernante, estuvo en contra y puso en operación una campaña para llevar el caso al Tribunal Constitucional, que en 2010 resolvió el recurso y declaró inconstitucionales 14 artículos por ser incompatibles con la Carta Magna. La resolución fue negativa para que Cataluña fuera una nación, que tuviera su propio poder judicial y que su parlamento regulara los impuestos (https://molinadena.wordpress.com/).
En 2006, dice John Carlin, se calcula que sólo un 15% de la población era pro-independencia. En el referéndum del pasado 1 de octubre se contabilizó un 43% de independentistas. De seguir el conflicto, es esperable que ese porcentaje aumente. Ha habido excesos de las dos partes, pero el que repartió golpes el 1 de octubre ante grupos de ciudadanos que querían ejercer su derecho al voto, fue el gobierno de Rajoy. Se sabe que el voto del 1 de octubre fue unilateral, que no tenía validez oficial y para la mitad de los catalanes, los no independentistas, no era legítimo. Fue más que un referéndum, una protesta social. Como en cualquier polarización las culpas y responsabilidades se reparten por parejo, pero el mismo Carlin plantea que ha sido la arrogancia del gobierno de Madrid lo que ha llevado las cosas al extremo en el que hoy se encuentran (The Times, 07/10/2017).
¿Es una contradicción colocar de un lado la ley y de la otra la libertad de votar? En este conflicto no han podido entrar a mediar los moderados, los que demandan diálogo y un acuerdo negociado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ubica el tema y ha dicho que: “estamos en una situación post autonómica. El 1-O marca un antes y un después, un acto de facto de soberanía desde debajo de la población, es un hecho político de máxima relevancia que no puede no tenerse en cuenta (…) debe tener respuesta política. Y la respuesta de mayor consenso, insisto, es la del referéndum pactado” (eldiario.es, 14/10/2017). Pero la polarización se ha agudizado cada vez más y la intervención el rey Felipe VI en lugar de ponerse por encima de la confrontación, la agudizó, tomó partido y se alineó completamente con Rajoy. Ni una palabra de diálogo para los catalanes.
Se calcula que un 80% de los catalanes están por el derecho a votar en un referéndum legal, sin embargo, esa ruta —que podría poner fin al conflicto— se ve muy difícil de transitar. Ante la disyuntiva dominante, declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del Artículo 155 para suspender la autonomía y asumir las funciones del gobierno de Cataluña, ha quedado un desenlace anticlimático. Por una parte, llegó el veto económico, grandes empresas y bancos y empresas trasladaron sus oficinas directivas a otras ciudades españolas. Por otra parte, el gobierno fue depuesto, la mitad está en la cárcel y la otra en un autoexilio en Bélgica. Ahora Rajoy ha convocado a elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. La pregunta es si las urnas alcanzarán a normalizar la vida política de la región o serán un eslabón más de la polarización.
Hay que salir del callejón. Una posible solución requiere de un nuevo arreglo político (federalista, autonómico), pero ciertamente la salida no podrá ser ilegítima y represiva…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
