Ríos de tinta se han vertido en torno al proyecto socioeconómico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los extremos —el de quienes advierten que convertirá a nuestro país en una copia de la Venezuela chavista y el de quienes anuncian que la cuarta transformación traerá a México estándares de vida similares a los de Escandinavia— hay un ancho y nebuloso espacio de posibilidades. AMLO habla con frecuencia del Estado de bienestar pero no precisa cómo lo concibe. El realmente existente, que se edificó a mediados del siglo XX en Europa y que pese a sus mermas subsiste hoy, presupone dos cosas que él descarta: una reforma fiscal progresiva y el subsidio a todos los niveles del Ejecutivo y a las organizaciones de la sociedad civil.
Tomemos dos ejemplos recientes que ponen en duda el esquema benefactor. 1) El fondo de minería se diseñó para apoyar a municipios en las regiones mineras, principalmente en obra pública. Dar ese dinero directamente a la gente puede servir para evitar la corrupción de intermediarios de fondos pero no puede obviar el trabajo de las autoridades municipales. Y es que la ciudadanía no va a construir o reparar calles o puentes, o alumbrado, o plazas públicas, y necesita todo eso. El beneficio a la economía familiar no sirve de mucho si en su entorno la infraestructura de movilidad es precaria o la inseguridad es rampante y la cohesión comunitaria es consecuentemente socavada. Esa responsabilidad gubernamental no puede suplirse con transferencias monetarias a los individuos y, si los ayuntamientos no la cumplen, los otros órdenes de gobierno y los otros poderes deben actuar para corregir el problema y castigar a los corruptos.
2) La subrogación de estancias infantiles tiene pros y contras. ¿Es viable que el Estado atienda a todos los niños, es conveniente que los particulares de encarguen de eso? AMLO no es partidario del mecanismo, al que achaca corruptelas, pero ante las irregularidades de funcionarios y de algunos establecimientos cabe la pregunta: ¿la solución es dejar de subsidiarlos a todos y destinar los recursos a los padres, es decir, individualizar las asignaciones a los usuarios de guarderías? Eso hace que paguen justos por pecadores y, una vez más, obliga a los ciudadanos a hacerse cargo de asuntos estructurales que no les competen. A mi juicio, la disyuntiva es ineluctable: o el aparato gubernamental sostiene a terceros o se encarga por sí mismo de prestar el servicio.
Estos dos casos, y otros más, muestran una preferencia de AMLO por el subsidio al consumidor sobre el subsidio al prestador de servicios. La idea es atractiva desde el punto de vista de la eficiencia, pero su sencillez trueca en complejidad a la hora de implementarla. Veamos una vieja propuesta para la educación superior. ¿En vez de mantener universidades públicas debe el Estado pagar becas y dejar que los estudiantes elijan la casa de estudios de su preferencia? Suena bien: fomentaría la competencia entre instituciones educativas y eso podría elevar su calidad, y al mismo tiempo disminuiría la costosa burocracia universitaria. ¿Es factible? ¿Aceptaría AMLO la concomitante entronización de las universidades privadas? Me parece inconcebible. ¿Entonces? Si AMLO rechaza la privatización y su visión crítica de la sociedad civil vuelve intransitable esa otra vía, y si como gobernante ha mostrado un talante paradójico, simultáneamente estatista y antiburocrático, ¿qué Estado y qué sociedad quiere para la 4T?
PD: EQUILIBRIOS DEMOCRÁTICOS. Una prueba reciente de la conveniencia de los contrapesos es la Guardia Nacional. Lo que aprobó el Senado es mucho mejor de lo que avaló la Cámara de Diputados. Escuchar a la sociedad civil y construir un consenso con los opositores benefició a México.
PD: DESPEDIDA. Este es mi último artículo en estas páginas. No me quedan claras las razones del fin de ciclo pero, en todo caso, agradezco a EL UNIVERSAL haberme brindado un espacio durante más de siete años. Mi agradecimiento va también a mis lector@s, con quienes pronto me reencontraré.
Politólogo. @abasave