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La masacre cometida en un centro comercial de la ciudad de El Paso, Texas, donde fallecieron 22 personas, entre ellos ocho mexicanos, con el objeto explícito de dar “respuesta a la invasión hispana” y “dar los incentivos necesarios” para que los migrantes regresen a sus países, da cuenta de los niveles extremos a los que ha llegado el discurso xenofóbico y supremacista alentado por la ultraderecha en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, ante el incremento de los flujos migratorios internacionales.
Pese a los grandes aportes que la población migrante ha dado a la economía global, ésta ha sido estigmatizada, perseguida y convertida en un instrumento de manipulación política electoral por “el peligro que representan a la seguridad nacional” de los países beneficiarios del modelo económico que llevó a niveles insospechados la concentración de la riqueza en pocas manos.
Esta masacre debe marcar un hito en la relación de nuestro país con el vecino del norte, donde no basta enfrentar el grave problema del tráfico ilegal de armas, sino que debe atenderse la defensa de la vida y de los derechos de la población migrante, mexicana o de otras nacionalidades.
Pero también constituye una alerta ante el resurgimiento en México de los sentimientos discriminatorios y el odio racial, de los que no estamos exentos, por lo que es necesario tomar conciencia de ello y adoptar con toda firmeza acciones por la igualdad y la no discriminación a fin de contrarrestar el déficit en el ejercicio de derechos humanos que afecta a los grupos sociales históricamente discriminados en el país.
La discriminación es un problema complejo, histórico, generalizado y sistemático. Está presente en toda nuestra sociedad por más que se pretenda invisibilizarlo, afectando a todas las personas en los distintos espacios de la vida pública, desde las familias, la escuela, los centros de trabajo, las iglesias y los medios de comunicación, hasta las instituciones gubernamentales.
La discriminación es resultado de un proceso en el que los estereotipos y prejuicios contra distintos grupos sociales por motivos injustos, que ocasionan y normalizan prácticas que profundizan la desigualdad y la exclusión social, legitimando estigmas que mantienen el ciclo perverso de la discriminación mediante un ejercicio de dominio de unos grupos sociales sobre otros.
Las prácticas discriminatorias deben asumirse como un problema público de violación a los derechos humanos. Son las conductas que ejerce la sociedad de manera reiterada (intencionalmente o no), a través de normas sociales o institucionales (por acción y omisión), por lo que es fundamental desmontarlas.
El Gobierno de México ha asumido un compromiso por el pleno respeto a los derechos humanos y el principio rector de la igualdad y el combate a las prácticas discriminatorias para revertir los obstáculos discriminatorios y para avanzar en el cambio cultural que necesita la sociedad en un clima de respeto, libertad y tolerancia, donde debemos reconocer que todos somos iguales y diferentes a la vez.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
