El reciente desastre socioambiental provocado por Grupo México (derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Golfo de California) y la tibia respuesta del Estado en la clausura temporal de la terminal marítima de Guaymas , Sonora, ponen sobre la mesa la capacidad de presión económica que los grupos mineros nacionales o extranjeros pueden ejercer sobre el gobierno.
Hasta ahora las declaraciones por parte de presidencia y de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente versan sobre llegar a acuerdos con la empresa, pero no sobre retirar o cancelar la concesión. Que en caso de que se presentara dicha situación (lo cual no parece que vaya a suceder) llevaría a liberar la concesión para que otra compañía pudiera aprovecharla, de acuerdo con lo que las propias leyes contemplan.
Esta tragedia ambiental sirvió para demostrar que esto solo es la punta del iceberg en cuanto a los múltiples incidentes que provoca la minería en el mundo y cómo las empresas generalmente salen impunes.
Las compañías mineras suelen tener varios “accidentes” cada año. Solo en lo que va del 2019 algunos de los incidentes con costos mortales que han sucedido por esta actividad son: en la población Mina de Gerais en Brasil, la compañía minera Vale presentó la ruptura de un dique como resultado de la ausencia de supervisión adecuada lo que provocó la pérdida de 150 vidas y 182 desaparecidos; en la República Democrática del Congo, la empresa Kamoto Copper Company (KCC) tuvo un derrumbe en una de sus minas, lo que causó la muerte de 36 trabajadores; en China han sucedido múltiples eventos de este tipo con varios decesos (es el país con más accidentes mineros al año). Además de estos “accidentes”, también están los desastres ambientales y sociales y, aunque algunos de ellos no involucran vidas humanas, en la mayoría de las ocasiones sí existe pérdida de especies animales o vegetales.
En México la historia de los desastres mineros socioambientales o laborales es larga y sin importar si el origen del capital es nacional o extranjero, la ausencia de responsabilidad por parte de las compañías ha perjudicado a la sociedad y al ecosistema. Pero el punto de esta denuncia es mostrar que tan nociva puede ser esta actividad y que el “daño no se puede reparar”, pues implica la irremisible pérdida de formas de vida en diferentes dimensiones de los sistemas ambientales, los cuales suelen ser muy sensibles ante este tipo de eventos.
Por lo que si el gobierno opta por las sanciones económicas, esto solo implicará una vez más una multa o un fideicomiso y se seguirá con el mismo discurso de administraciones anteriores que es “el que contamina paga”, lo que ha llevado a ponerle valor monetario a la naturaleza, cuando lo que tenemos que reflexionar y discutir son las alternativas sociales, económicas y legislativas de limitar la dependencia de la explotación ambiental, en la que los bienes naturales no sean mercantilizados.
Por lo anterior es importante que el actual gobierno considere seriamente: la reforma legislativa de la Ley Minera, imponer criterios de interés social y ambiental, fortalecer los controles que regulan su operación y promover actividades alternativas de bienestar para la sociedad.