San José. – Las reformas judiciales presentadas este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México” y “buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos”.
La advertencia quedó planteada en un informe elaborado por la Barra Mexicana-Colegio de Abogados de México, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la (no estatal) Universidad de Stanford, de California, y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, influyente foro de análisis de Washington. EL UNIVERSAL obtuvo copia del documento y fue autorizado para publicarlo hoy.
“Las propuestas de reforma constitucional en México son una amenaza directa a la independencia judicial y al Estado de derecho”, recalcó.
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“El 2 de junio de 2024, el pueblo mexicano acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente y legisladores. Una victoria decisiva en las elecciones legislativas para el partido gobernante, Morena, podría reforzar su control sobre el Congreso, potencialmente perpetuando el proyecto populista de López Obrador al socavar aún más los frenos y contrapesos en el país”, alertó.
Por su parte, el abogado mexicano Víctor Olé Peláez, presidente de la Barra Mexicana—Colegio de Abogados de México, denunció acerca de los resultados de la investigación internacional sobre los planes judiciales de López Obrador que “un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado”.
El documento debe “generar conciencia de lo que la pérdida de la independencia judicial significa para nuestras libertades”, ´pronosticó.
Según el estudio, la candidata presidencial del izquierdista y oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, “ha apoyado públicamente la elección de juezas y jueces por votación popular, aunque queda por verse hasta qué punto aplicará las políticas de López Obrador si gana”.
Al respecto, la abogada venezolana Tamara Taraciuk, directora del Programa sobre Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, recordó que “durante la administración de López Obrador, el gobierno ha socavado continuamente las instituciones independientes que están destinadas a controlar las acciones del Poder Ejecutivo”.
“Mientras las y los mexicanos se dirigen a las urnas en unas elecciones que están poniendo a prueba la democracia mexicana, es fundamental que la protección de la independencia judicial y el Estado de derecho esté en el centro de cualquier debate público sobre el futuro de México”, afirmó.
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Las modificaciones judiciales, enviadas en febrero anterior por López Obrador al Congreso, incluyeron elegir por voto popular al cuerpo de jueces y a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, reducir sus mandatos, vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo y crear un Tribunal de Disciplina Judicial, que sería designado también en votación popular.
Al exponer su quinto informe de gobierno, en septiembre de 2023, el gobernante anunció que la meta de su iniciativa de reforma constitucional será “limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”.
“Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo", alegó.
Un proyecto con 20 puntos de cambios judiciales, como la nueva integración de la Suprema Corte, sustituir al Consejo de la Judicatura y transformar las reglas procesales, entre otros aspectos, fue remitido en febrero pasado por el mandatario al Congreso.
Pocos casos
En sus segmentos medulares, el reporte precisó que “muy pocos países del mundo eligen a las y los jueces por votación popular. De ellos, sólo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional”.
“La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”, recalcó.
Entre otros, también señaló los siguientes asuntos:
- Elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte, a juezas y jueces federales y a magistradas y magistrados por votación popular crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y en el derecho.
- Reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial politiza aún más la selección de juezas y jueces.
- Exigir a las y los jueces en funciones que renuncien cuando las y los nuevos jueces electos tomen posesión de sus cargos socava la garantía de permanencia en el cargo, que es necesaria para preservar la independencia judicial.
- Un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincidiría con el presidencial, y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría convertirse en un arma contra juezas y jueces —incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación— que adopten decisiones adversas al gobierno de turno.
- Las propuestas son contrarias a las normas y estándares internacionales sobre independencia judicial.
Al evaluar los hallazgos y las conclusiones del informe, la abogada estadounidense Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, subrayó que “al politizar el Poder Judicial, las propuestas de reforma (de López Obrador) negarían el acceso a la justicia”.
“En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces (de México) dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de derecho”, puntualizó.
El informe completo será difundido hoy.