Es falso que la PGR persiga a Emilio Álvarez Icaza

Pregunta nada ociosa: ¿cómo se llama a una persona que se jacta de tener algo grande entre manos y al final no puede comprobar sus dichos?

José Antonio Ortega Sánchez es un fraude. Acudió ante la PGR para presentar una denuncia sin contar con elementos. Peor aún, cuando el Ministerio Público lo requirió para que ratificara su acusación, escondió la cabeza bajo tierra.

¡Que paradoja! Este señor que es un estafador acusó al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, de haber cometido un fraude en contra del gobierno de México.

Según su argumento, el convenio firmado entre el Estado mexicano y la CIDH, con el propósito de aportar asistencia internacional a la investigación del caso Ayotzinapa, no dio resultados y por tanto hubo un daño patrimonial en contra del gobierno.

José Antonio Ortega habrá calculado que la PGR está obligada a atender toda denuncia de defraudación que se presente, sobre todo si ésta afecta el patrimonio del Estado.

Si un ciudadano cualquiera presenta elementos que pudieran ser constitutivos del delito de fraude, el Ministerio Público debe escuchar los hechos y debe recibir las pruebas expuestas. Así lo establece el artículo 102 de la Constitución.

Sin embargo, después de hacer la denuncia —y lograr mucho ruido en los medios de comunicación— Ortega Sánchez olvidó regresar ante la Procuraduría para entregar los documentos que respaldaban sus habladurías.

Esa institución federal lo requirió al menos una vez para que completara el trámite y sin embargo el denunciante ya no quiso volver.

Acaso fue porque la denuncia no tenía pies para andar. Tratándose del delito de fraude, la parte defraudada debe acudir también a declarar; es decir que no basta con que un tercero, en este caso el ciudadano Ortega, presuma tener conocimiento sobre supuestos hechos constitutivos del delito de defraudación para que la denuncia prospere.

Es condición indispensable que la parte directamente afectada también concurra ante el Ministerio Público y ratifique la denuncia. Es lo que en nuestro sistema judicial se denominan delitos perseguidos por querella; por denuncia de la parte afectada.

¿Quién sería la parte directamente afectada en este caso? Pues el gobierno federal. Si éste no acude ante la PGR para apoyar la denuncia de Ortega Sánchez, entonces ésta se vuelve papel mojado, para decirlo en términos coloquiales.

Acaso la razón por la que Ortega no regresó a la Procuraduría tiene que ver con que cometió un error imperdonable, inclusive para un alumno que vaya por su tercer semestre de leyes: el fraude es un delito que se persigue por querella de la parte afectada, punto.

Ahora que, cabe también preguntarse si dentro del gobierno alguien echó a andar a este señor y su fiel compañera de armas, Isabel Miranda de Wallace, para que presentara esta denuncia sin pies ni cabeza.

Alguien con suficiente credibilidad política como para prometer que, detrás suyo, vendría luego el gobierno federal para corroborar los hechos.

ZOOM: Hay una campaña de desprestigio contra los defensores de derechos humanos en México. Ortega y Wallace son el rostro visible de esta militancia política. ¿Será que como el Quijote y Sancho les gusta pelearse con molinos de viento? ¿O la tenebra va más allá de estos dos ciudadanos que por listillos han quedado como un par de ingenuos?

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