Existe una brecha de género en materia de salud. En México prácticamente una tercera parte de las mujeres son excluidas de los servicios públicos de salud; sólo 58 mujeres por cada 100 hombres tienen acceso directo. La brecha se hace más profunda en ciertos grupos de mujeres, especialmente las indígenas y las que se encuentran en condición de pobreza. El área de la salud sexual y reproductiva es donde la brecha es más pronunciada y donde es especialmente necesario establecer políticas de salud diferenciadas, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
En los últimos años, ha habido algunos progresos. Programas como el Seguro Popular dan cobertura mayoritariamente a mujeres, especialmente a las que viven en condición de pobreza. Incluye la atención a la salud reproductiva y materno-infantil y el tratamiento de cáncer cérvico-uterino y mamario. De 1990 a 2011 se redujeron en 51.5% las muertes relacionadas con el embarazo, parto y post-parto. Sin embargo, todavía hay rezagos muy importantes que deben ser atendidos.
Un problema gravísimo que requiere atención inmediata es el embarazo en adolescentes, que ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. Entre los países de la OCDE, México encabeza la lista de mayor índice de embarazos en mujeres entre los 12 y 19 años de edad: 64 por cada 1000 adolescentes. Los estados que presentan el mayor porcentaje de adolescentes con vida sexual activa que han estado embarazadas alguna vez son: Chiapas, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Chihuahua e Hidalgo.
Además de los problemas relacionados con la salud como abortos espontáneos, desnutrición y partos prematuros, el embarazo en adolescentes afecta de manera negativa el futuro de las mujeres y las comunidades. Generalmente, cuando se embarazan interrumpen sus estudios y les resulta más complicado conseguir un trabajo bien remunerado, o en el peor de los casos, dependen económicamente de alguien más. Un año adicional de educación secundaria aumenta los ingresos potenciales de las mujeres entre un 15% y 25%. Asimismo, cada año adicional de escolaridad de la madre reduce la mortalidad de sus hijos entre un 5% y 10%, y contribuye en la reducción de la violencia sexual y física en el hogar.
Desde luego que un primer paso es que la salud sexual y reproductiva ocupe un lugar en la agenda y se atienda desde una perspectiva de derechos humanos y de género. El sistema de salud debe responder, de forma adecuada, a las experiencias y necesidades específicas que tienen las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica una mayor concentración de voluntad política y recursos financieros a la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres adultas, pero también es importante un enfoque integral que considere la complejidad de la situación y priorice la prevención.
La salud sexual y reproductiva es determinante para el bienestar y el desarrollo integral de las mujeres. Es un pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y de todos los otros derechos humanos, pues tiene que ver directamente con la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo, y en otros ámbitos de la vida como la educación, el empleo, la vida social y política. Por ello, si se quiere avanzar de manera decidida hacia la igualdad de género en nuestro país, la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos debe ser una prioridad. La salud es una herramienta imprescindible para el empoderamiento de la mujer.
Fundadora de la Fundación Angélica Fuentes
