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Antes de los ciberataques, el nivel de madurez en materia de seguridad informática de México se encontraba en una etapa formativa que significaba desorganización y mal definida.

De acuerdo con el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina, la sociedad mexicana tenía una cultura inicial, en tanto que el gobierno una mentalidad sobre seguridad cibernética muy casual.

Hace dos años se reportaba a México como un país con una población total de 125.3 millones de habitantes, de los cuales, 55.1 millones tenían acceso a internet, es decir, una penetración de internet de 44%.

De entre los cinco niveles de madurez de la capacidad de seguridad cibernética, México no pasa del tercero, lo que significa que está entre el inicial, formativo y establecido.

En ninguno de los conceptos calificados logra llegar a los más altos niveles, con excepción en normas de privacidad en línea y cumplimiento de la ley en donde se encuentra en una etapa estratégica.

Tenemos una calificación baja en gestión de crisis y en materia de seguros de delincuencia cibernética y lo mismo en educación, formación y gobernanza corporativa.

A pesar de que hay confianza en el gobierno y comercio electrónico, hay poca sensibilización en la conciencia de seguridad cibernética.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ciberdelincuencia le cuesta al mundo hasta 575 mil millones de dólares al año, lo que representa 0.5% del PIB global; casi cuatro veces más que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional.

En América Latina y el Caribe este tipo de delitos cuestan alrededor de 90 mil millones al año.

“Con esos recursos podríamos cuadruplicar el número de investigadores científicos en nuestra región”, dijo en su momento el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

La región. De acuerdo con el reporte del Observatorio, la mayoría de los países de la región —si no es que todos— no alcanza el nivel más alto en madurez en seguridad cibernética.

El nivel más alto o dinámico refleja la existencia de mecanismos claros para alterar la estrategia en función de las circunstancias imperantes.

El más sobresaliente parece ser Brasil, pues llega a alcanzar el cuarto nivel denominado estratégico en derecho procesal de delincuencia cibernética, cumplimiento de la ley, capacidad de respuesta a incidentes y organización.

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