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Para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que estará vigente en la República en 10 días todavía se deben aprobar tres leyes generales de aplicación en todo el país y realizar 232 reformas a otros 10 ordenamientos.
De acuerdo con un análisis de la normatividad realizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), faltan por aprobarse la Ley Nacional de Ejecución Penal, la de Justicia para Adolescentes y la norma contra la Delincuencia Organizada y Amparo. Podrían ser aprobadas en el próximo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados del 13 al 17 de junio, es decir, un día antes de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal federal en todo el país.
Ayer el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que confía en que los legisladores aprobarán estas normas necesarias para el nuevo modelo, que de acuerdo con la Setec obligó a cambiar 67 sistemas procesales de todo el país, a la aprobación de nueve leyes nacionales o generales que se aplican en las 32 entidades federativas, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales que suplió a los códigos procesales de cada uno de los estados y de la Ciudad de México.
Ante la falta de la ley contra la delincuencia organizada, estos delitos se siguen procesando bajo el sistema de justicia tradicional, con actuaciones mayoritariamente por escrito y audiencias privadas.
La Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que está pendiente, servirá para reglamentar los beneficios de preliberación para un reo, mediante libertad o anticipada. Regulará además el traslado de los detenidos de una prisión a otra, las visitas a los centros penitenciarios, los derechos humanos de los internos y la permanencia en el interior de los penales de las mujeres con hijos, así como los medios que se deben brindar a la población penitenciaria para su reinserción, por lo que será clave para la aplicación del nuevo sistema.
Petición a legisladores. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, hizo un llamado al Congreso de la Unión a que emita la Ley Nacional de Ejecución Penal, la de Justicia para Adolescentes, así como que se analice lo propio en materia de delincuencia organizada y amparo.
Al clausurar el Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia, dijo que el gobierno federal le ha dado prioridad a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Este proceso ha implicado adecuar leyes, construir infraestructura, dotar de tecnología, capacitar a funcionarios, desarrollar protocolos y reestructurar instituciones, todo al mismo tiempo y de forma ordenada.
“Siempre uniendo voluntades a partir de un objetivo común, sentar las bases para una justicia pronta e imparcial”, destacó.
Ante los gobernadores de Michoacán, Guerrero y Querétaro, magistrados y representantes de la sociedad civil, aseguró que el gobierno federal es el primero en tener presente “que si bien es mucho lo que hemos logrado en estos tres años y medio, también es mucho lo que nos queda por hacer”.
Indicó que se requiere fortalecer las áreas de justicia alternativa de las procuradurías, fiscalías y tribunales locales y federales. “Porque para transitar de una perspectiva de castigo a una de conciliación cada órgano debe hacer su labor, y hacerla bien”, consideró.
“Hay que mantener y ampliar la capacitación permanente de todos los operadores”, destacó.
En esto, insistió Chong, todos los gobiernos locales deben asumir plenamente su responsabilidad de depurar, dignificar y profesionalizar a sus cuerpos de seguridad.
