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La Procuraduría General de la República (PGR) contará con una Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Tortura adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). Entre las facultades del titular se encuentra el poder solicitar la intervención de comunicaciones privadas y requerir la geolocalización en tiempo real de equipos.
El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entra en vigor hoy; la SEIDF tiene un plazo de 30 días naturales para transferir a la nueva Unidad los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros suficientes para que pueda operar.
El documento señala que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo contará con un término de 120 días naturales para remitir las indagatorias que tiene a su cargo, en las cuales se investiga única y exclusivamente la comisión del delito de tortura; mientras que la Subprocuraduría de Derechos Humanos contará con 30 días naturales para su respectiva remisión.
El titular de la unidad tendrá entre sus funciones en calidad de Agente del Ministerio Público de la Federación podrá requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR o de otras instancias toda la información necesaria para la indagatoria del delito de tortura.
Para indagar delitos de tortura podrá solicitar de las instancias judiciales, penitenciarias federales o locales el traslado de internos de su lugar de reclusión a otros centros de internamiento, salvaguardando sus derechos humanos.
El nuevo órgano especializado tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos, y contará con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento.
A principios de mes, la PGR publicó otro acuerdo para crear un comité de monitoreo y un grupo consultivo en el que participarán representantes de la sociedad civil para verificar la aplicación correcta de dictámenes médicos en posibles casos de tortura. Su función será verificar la correcta aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u Otros Tratos.
