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La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a informar sobre las medidas adoptadas para garantizar el óptimo funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El cual entrará en funciones a partir del próximo 4 de mayo, por lo es imprescindible que “existan planes de contingencia respecto a fallas estructurales”, señaló el órgano legislativo.
Esto luego de que la Plataforma registró errores en su implementación, y que llevó a la INAI a reprogramar el funcionamiento de la misma.
EL UNIVERSAL en su edición del 12 de septiembre, señaló que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se estrenó con quejas de usuarios que no podían, incluso, registrarse en el sistema. Eso provocó que dicho medio electrónico, creado como parte del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, únicamente operara 21 días, y entrara al relevo su antecesor, denominado Infomex.
El llamado modelo central del Sistema Nacional de Transparencia, tiene un costo de alrededor de 19.6 millones de pesos.
Este diario resaltó que en un documento el Inai, encargado de la PNT, detalla que desde que se echó a andar, la plataforma registró más de 40 incidencias en el sistema de solicitudes de acceso a la información, en el de gestión de medios de impugnación, en el de portales de obligaciones de transparencia y en el de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.
Asimismo, la Comisión aprobó un dictamen que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3), la cual entrará en vigor el próximo 19 de julio.
Entre las reformas se especifican las conductas relacionadas con el uso indebido de información a la que tienen acceso servidores públicos, tales como sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o compartir con terceros información o documentación bajo su custodia o a la cual tengan acceso, con fines distintos a los establecidos en la ley.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentra en “vacatio legis” (periodo que va de su publicación a su entrada en vigor), pero los diputados concluyeron que es posible modificarla aun en ese estado, ya que así ocurrió después de que el Ejecutivo federal hizo uso de su facultad de observación, en junio de 2016, antes de su publicación.
