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Montesquieu (1689-1755) no sabía que su teoría de la división de poderes sería crucial para resolver controversias internas del mayor imperio de la historia universal. El Poder Judicial, una de las tres ramas en que se divide el poder, juega un papel central en este drama.
La Suprema Corte de Estados Unidos dio el impulso final a la integración racial; consolidó la libertad respecto al aborto; autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo; fijó las reglas de la separación de la Iglesia y el Estado y confirmó el alcance de las libertades de expresión y prensa. La Corte fue crucial en el juicio político a Richard Nixon que concluyó con su renuncia, no obstante que los jueces que votaron en su contra habían sido designados por el mismo presidente.
La accidentada presidencia de Donald Trump tiene su mayor grado de dificultad con el Poder Judicial. Las órdenes ejecutivas, las designaciones de sus funcionarios, la actividad empresarial del presidente, la persecución despiadada de cientos de miles de dreamers, la sospecha de obstrucción de la justicia han sido motivo de tensión entre las dos ramas del poder. Trump ha enfrentado un muro que ha impedido llevar adelante propuestas descabelladas, algunas inimaginables, otras aterradoras.
La lista de conflictos es amplía: la pretensión de que México pague un muro que separe a los dos países; las órdenes ejecutivas para impedir la entrada a EU de ciudadanos de seis países musulmanes; el plan de deportaciones masivas, especialmente de mexicanos; la remoción de James Comey como director del Buró Federal de Investigaciones (FBI); los insultos a los jueces por supuestamente politizar la función judicial. Señalar despectivamente a James Robart, el juez federal del estado de Washington, como “el así llamado juez”, por haber votado en contra del veto migratorio. Culparlo de un eventual ataque terrorista debido a su resolución. Antes de eso, había provocado otro escándalo al acusar al juez federal Gonzalo Curiel de ser una persona parcial y lleno de odio y resentimiento por ser mexicano.
La orden ejecutiva para evitar la entrada a EU de musulmanes provenientes de seis países tiene una complejidad especial. Los tribunales federales de apelación de California y de Virginia ya resolvieron la inconstitucionalidad de la pretensión de Trump, fundamentalmente porque está dirigida a perjudicar a los musulmanes debido a sus creencias. Las pruebas que los estados han presentado al tribunal federal para oponerse a la medida son las numerosas declaraciones del presidente de implementar un veto a los musulmanes, ninguna relacionada con el riesgo que representan a la seguridad nacional. No obstante, un tribunal federal en Texas, estado conservador y republicano, declaró que “una política de inmigración fragmentada sería contraria a los requerimientos constitucionales de las leyes de inmigración”. Por ello, es altamente probable que este asunto llegue a la Suprema Corte.
Esta semana, Robert Mueller el fiscal especial para investigar el involucramiento ruso en la elección de 2016, confirmó que Trump es investigado para determinar si obstruyó la justicia, grave delito. Conforme pasan los días cada vez aparecen signos ominosos en contra del presidente de Estados Unidos.
Otro frente más reciente es la demanda de casi 200 congresistas (166 de la Cámara de Representantes y 30 senadores) y del estado de Maryland y de la capital Washington DC a través de sus fiscales generales, en contra del presidente por violación a la Cláusula de Percepciones provenientes del Extranjero. La Constitución prohíbe expresamente al presidente recibir pagos provenientes de gobiernos extranjeros sin autorización del Senado. Se trata de los pagos que hacen gobiernos foráneos a los hoteles, establecimientos y clubes propiedad de Trump. El presidente se resistió a deshacerse de sus negocios, como se lo habían sugerido expertos de los dos partidos políticos. Mañoso, decidió crear un fideicomiso (trust) que lleva su nombre, de donde puede disponer libremente del dinero. Simulando generosidad, señaló que la Organización Trump donaría al Tesoro de Estados Unidos las ganancias provenientes de gobiernos extranjeros. Se trata de un asunto que habrá de llegar a los tribunales federales.
Si todo esto no fuera suficiente, un juez federal determinó el jueves que el cuerpo de ingenieros del ejército de EU violó normas ambientales en la construcción de un gasoducto en Dakota, al que se oponen las tribus Cheyenne y Sioux.
A los estudiantes de Derecho se les advierte de los riesgos de representar en tribunales a personas que padecen una sicopatía caracterizada por el fanatismo y la paranoia litigante. Así como al apostador le interesa más jugar que ganar la apuesta, el pleitista vive para enredar su vida en los juzgados. Kurt Schneider, siquiatra alemán, describió rasgos de quienes padecen el delirio pleitista: “Son desconfiados, suspicaces, malpensados. Las disputas legales dan sentido a su vida. Tienen una pasión reivindicatoria y promueven procesos contra sus adversarios y están en total rebeldía con la conciliación”. Como si hablara del presidente.
Trump tiene una hermana que es juez federal, cuya personalidad, según quienes la conocen, es exactamente opuesta a Trump: equilibrada, serena, moderada y apegada a las normas de convivencia. Fue nominada por el presidente Ronald Reagan y ascendida al tribunal federal de apelaciones por Bill Clinton. Me imagino que le habrá explicado al presidente el papel de los jueces en una sociedad libre y democrática. Lo que no sé es si el presidente le haya entendido. Trump se queja ahora de ser la víctima de una cacería de brujas, exactamente como hizo Nixon cuando se vio perseguido por la ley, antes de renunciar.
Por lo pronto, la separación de poderes propuesta por Montesquieu hace más de dos siglos y medio es lo que sostiene el sistema democrático de EU ante los embates del tirano Trump.
Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
@ DrMarioMelgarA
