En Argentina, el feminicidio sigue en el centro del debate público. Huerta Grande, un pueblo de la provincia de Córdoba habitado por 6 mil personas, acaba de tomar la decisión de honrar a Yamilia Garay, una joven de 21 años que vivía allí y que fue asesinada, en marzo de este año, por su ex novio, a quien se lo acusa del delito de “homicidio agravado por violencia de género”. Gracias a un proyecto del alcalde local, aprobado por el concejo deliberante, la calle principal de Huerta Grande llevará el nombre de la víctima.

Tres días antes de que se conociera este homenaje, en la mañana del sábado pasado, en otra provincia argentina (Mendoza, fronteriza con Chile), un hombre llamado Daniel Salazar Aceituno asesinó a su mujer, a la hermana de ella y a la abuela de ella, y apuñaló a la bebé de 7 meses que había procreado junto a la víctima central. La calle y el caso conmocionaron a toda la sociedad argentina, que viene de una semana especialmente movilizada con el paro nacional de mujeres en protesta por un crimen aberrante en Mar del Plata, del que resultó víctima una chica de 16 años, Lucía Pérez, quien fue drogada, violada y asesinada.

“La pregunta que ronda por acá en este momento es si las marchas sirven para algo”, dijo a EL UNIVERSAL Julieta Fantini, una de las voceras del colectivo Ni Una Menos en la provincia de Córdoba. “Yo sé que sí. Las 40 mil personas que salieron a la calle la semana pasada en la capital de Córdoba nos dan la pauta de que el compromiso ciudadano con este reclamo es evidente: hay un cambio de paradigma”.

El paro nacional de mujeres, realizado el pasado 19 de octubre en toda la Argentina y con réplicas en cinco ciudades de México, entre varias otras de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, es el evento más reciente del movimiento feminista argentino. En Buenos Aires, unas 150 mil personas se juntaron en el Obelisco –un punto céntrico– y, desafiando a la lluvia, protestaron contra una ola de crímenes que ya suman 226 femicidios entre 2015 y lo que va de 2016, según la agrupación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa); y 235 sólo en 2015, según el Poder Judicial argentino.

“A nivel estatal hay respuestas, pero no alcanzan para detener este fenómeno cruento y doloroso. El acceso a la justicia es muy dispar y diverso: no pasa lo mismo en Córdoba Capital que en un pueblito”, dijo Fantini, de Ni Una Menos. Señaló además que de acuerdo al registro que lleva la organización en Córdoba ha habido 20 femicidios en 2016, una cifra que supera a la de 2015. “Hasta que no haya un registro serio en todo el país, se seguirá contando a partir de las noticias de los diarios”, dijo.

La inauguración de la calle con el nombre de Yamila Garay se realizará el 25 de noviembre, cuando la ONU celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Nombrar a una de nuestras avenidas principales con el nombre de Yamila es visibilizar el problema y homenajearla para exponer nuestra lucha contra el femicidio”, dijo el alcalde de Huerta Grande, Matías Montoto.

“Poner el nombre de una víctima a una calle o cualquier otra intervención que se haga para visibilizar la problemática es válida”, explicó ante EL UNIVERSAL María Florencia Alcaraz, una de las voceras del colectivo Ni Una Menos en Buenos Aires. “Sin embargo, la respuesta estatal que reclamamos es mayor presupuesto para la prevención de lo que sucede”. La portavoz dijo también que cualquier forma de dar a conocer lo que ocurre aporta a un registro histórico. “A veces las formas de conseguir justicia no sólo van por el camino penal, sino por la actividad pública y colectiva. Que el nombre de Lucía [Pérez] haya recorrido el mundo es otra forma de hacer justicia”.

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