La extorsión en México representa un desafío multifacético y complejo para la sociedad y el Estado; es una forma de coerción que implica amenazas de violencia o daño, aplicada tanto en mercados legales como ilegales. Las organizaciones criminales utilizan este método para asegurar ingresos y control, lo que resalta la complejidad y el alcance del problema. La estructura organizativa de estos grupos, su control territorial y la naturaleza de su relación con las víctimas son variables cruciales que determinan el método y la intensidad de la extorsión.
La tipología de la extorsión varía desde el cobro por protección hasta impuestos o peajes, imitando en cierto modo las funciones del Estado. Esta interacción entre actividades extorsivas y el papel del Estado es especialmente notable en áreas con control estatal débil. Su impacto en la economía y la sociedad es demoledor, socavando la movilidad, la confianza comunitaria, afectando la gobernabilidad y contribuyendo a la violencia y el desplazamiento forzado de los más vulnerables.
La extorsión en México, especialmente en el comercio informal, representa una amenaza creciente, marcada por la vulnerabilidad de los pequeños productores y los comerciantes frente a las demandas de grupos criminales. Este fenómeno no solo impone una carga económica significativa, sino que también alimenta ciclos de violencia y contribuye a la disminución de los ingresos fiscales. Con el tiempo, la extorsión ha evolucionado y se ha expandido más allá del comercio informal, afectando a una gama más amplia de actividades económicas y mostrando similitudes con patrones observados en mafias históricas de otros países.
Un aspecto crítico de esta problemática es el bajo índice de denuncias debido al miedo a represalias y a la percepción de colusión entre las autoridades y los criminales. Las áreas bajo control territorial de grupos criminales se convierten en escenarios de extorsión visible, exacerbando el conflicto y la violencia. La corrupción en los niveles policiales y gubernamentales perpetúa una economía paralela que socava el Estado de Derecho. Además, la respuesta estatal ha sido ineficaz, lo que plantea serios desafíos para la seguridad pública y el Estado de Derecho.
La finalidad principal de las actividades del crimen organizado es puramente económica, obtener ganancias y su ánimo es de lucro, es por ello por lo que han implementado su impuesto ilegal a la actividad económica por medio de la extorsión y el cobro de piso. De acuerdo con la evolución natural como empresas criminales, su siguiente objetivo es penetrar y controlar a las autoridades municipales y estatales para apropiarse de la obra y servicios, así como de los recursos públicos, convirtiéndose en la principal amenaza para nuestro inminente proceso electoral.
El impacto social y económico de la extorsión es devastador, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad y obstaculizando el desarrollo económico y social. Por tanto, en México es imperativo un enfoque integral para combatirla. Esto debe incluir reformas en el sistema de procuración e impartición de justicia, estrategias de prevención comunitaria, y una mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. Solo abordando tanto las causas como las manifestaciones de este fenómeno se puede lograr una solución sostenible y efectiva.
